El organismo intentará modificar la sentencia de primera instancia que obliga al Estado a cancelar 1.000 millones de pesos a los familiares del asesinado líder de la ANEF.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) apelará a la determinación de un tribunal civil que condenó al Fisco a pagar una indemnización de 1.000 millones de pesos a la familia del asesinado dirigente sindical Tucapel Jiménez, a raíz de los daños morales que implicó el crimen, así como la extensión del proceso en la justicia del crimen.
Fuentes del CDE dijeron que el organismo está obligado por ley a recurrir a los tribunales superiores contra la determinación de la magistrada Clara Carrasco, titular del 13º Juzgado Civil de Santiago.
En su fallo, la jueza estimó que el asesinato del dirigente sindical causó a su familia una serie de trastornos, entre ellos incertidumbre y temor, daños que tienen un carácter de irreparables.
Consultados sobre el tema, algunos juristas estimaron que la resolución del tema civil demorará al menos tres años, a raíz del atraso que existe en los tribunales de alzada y en la propia Corte Suprema respecto del trámite de causas civiles, así como laborales y de la justicia de menores.
La jueza Carrasco acogió los argumentos de la familia de Jiménez, que presentó la demanda tras la confirmación por parte de la Suprema de las condenas dictadas en 2002 por el ministro Sergio Muñoz, quien investigó el crimen.
El entonces presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) fue acribillado por agentes de seguridad de la dictadura militar el 25 de enero de 1982, en la comuna de Pudahuel.
Por el caso fueron sentenciados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) Ramsés Álvarez Sgolia, el coronel Víctor Pinto Pérez, los mayores Francisco Ferrer Lima y Carlos Herrera Jiménez, y los suboficiales Manuel Contreras Donaire y Miguel Letelier Verdugo, todos ellos en retiro.
En calidad de cómplices, recibieron sentencias los capitanes en retiro Juan Carlos Arriagada Echeverría y Jorge León Alessandrini; mientras que como encubridores fueron condenados los generales Hernán Ramírez Rurange y Fernando Torres Silva; el brigadier Hernán Ramírez Hald y al ex auditor Enrique Ibarra Chamorro, todos en calidad de retirados.
