La cartera encabezada por Luis Bates salió al paso de la versión del vocero de La Moneda, quien sostuvo que el beneficio otorgado a Manuel Contreras Donaire no constituyó un perdón presidencial.
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado para aclarar la situación carcelaria del suboficial (r) Manuel Contreras Donaire, condenado a ocho de prisión como autor material del crimen del sindicalista Tucapel Jiménez, en 1982.
Ello luego que el vocero de Gobierno, Osvaldo Puccio, señalara que el beneficio otorgado al militar es una conmutación de la pena y no un indulto como había informado inicialmente el ministro del Interior, Francisco Vidal.
En su texto, la secretaría de Estado señaló que "la decisión de indulto ha sido tomada considerando que el sr. Contreras Donaire cumple con todos los requisitos" para obtener el beneficio.
Agregó que "en este caso se trata de un indulto de conmutación: Es decir, el sr. Contreras Donaire luego de haber cumplido un total de cinco años y siete meses privado efectivamente de libertad, cumplirá el saldo de dos años cuatro meses (de un total de ocho años) bajo sujeción a la vigilancia del Patronato Local de Reos".
La nota de la cartera encabezada por Luis Bates explicó asimismo que "el indulto particular puede asumir tres modalidades: remisión, conmutación o reducción de la pena", y que éste es otorgado por el Presidente de la República, conforme a la normativa vigente.
Agregó que en este caso se adoptó la modalidad para responder "a una actitud permanente de este Gobierno por conjugar, previo estudio detallado de cada caso, el pleno cumplimiento a las condenas con el uso de los beneficios que establece la ley, en el espíritu humanista que anima a nuestro sistema democrático".
Horas antes de esta aclaración, el ministro secretario general de Gobierno, Osvaldo Puccio, afirmó que el beneficio otorgado al ex militar "no corresponde a un indulto presidencial, se trata de una decisión a nivel del Ministerio de Justicia, en el cual reos que cumplen ciertos requisitos, de cumplimiento de pena, etcétera, se les conmuta el saldo de pena y ese saldo de pena se mantiene bajo la vigilancia de Gendarmería".
Secuestro y asesinato de Jiménez
Tucapel Jiménez fue secuestrado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet el 25 de febrero de 1982, cuando manejaba su taxi, y al día siguiente apareció sin vida en el interior del vehículo abandonado en un camino rural, 20 kilómetros al norte de Santiago.
En 2002, luego de tres años de labor, el magistrado Sergio Muñoz identificó a los culpables del crimen y determinó las circunstancias en que éste se produjo.
Además de Manuel Contreras Donaire, que en 2002 fue sentenciado por Muñoz a ocho años de presidio mayor en su grado mínimo, cumplen condena como autores materiales el mayor (r) Carlos Herrera Jiménez (10 años) y el suboficial (r) Miguel Letelier (ocho años), quienes permanecen encarcelados.
Como autores intelectuales, fueron condenados a ocho años de presidio el general (r) Arturo Ramsés Alvarez Sgolia, ex jefe del Dine, el coronel (r) Víctor Pinto Pérez y el mayor (r) Francisco Ferrer.
Como cómplice del crimen, el capitán (r) Juan Carlos Arriagada Echeverría fue sentenciado a tres años y un día de presidio remitido.
En tanto, como encubridor recibió una condena a 800 días de pena remitida el general (r) Fernando Torres Silva, ex auditor general del Ejército. En la misma calidad, los generales (r) Hernán Ramírez Rurange y Hernán Ramírez Hald fueron condenados a 541 días de presidio remitido.
