La derecha celebró el fallo como una reivindicación de Carabineros y una "derrota" para quienes intentaron "refundar Chile" en el estallido social.
Sectores de centroizquierda calificaron la sentencia como un "fracaso de la justicia", e incluso la senadora Campillai tildó de "maldita" la Ley Naín-Retamal.
La absolución del ex teniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, acusado de disparar y cegar al joven psicólogo Gustavo Gatica -hoy, diputado electo- durante el estallido social de 2019, ha provocado un terremoto político con posturas diametralmente opuestas.
Luego de un juicio que se extendió por 14 meses, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago resolvió este martes que desde la escopeta del otrora policía se dispararon los perdigones que cegaron al entonces estudiante, pero ratificó que su actuación "se encuentra amparada en el derecho" y que "constituye el ejercicio legítimo del derecho de defensa ante una agresión ilegítima, actual y potencialmente letal".
Sectores de la centroizquierda y defensores de derechos humanos acusan la consolidación de la impunidad a través de la Ley Naín-Retamal, normativa retroactiva aprobada por el Congreso en 2023 que endurece las penas por delitos contra fuerzas policiales y de orden, y establece la legítima defensa privilegiada, presumiendo que el uso del arma de servicio por un funcionario es justificado ante amenazas a su vida o la de terceros.
La oposición, en tanto, celebra la absolución de Crespo como una derrota del "octubrismo" y una reivindicación del uso legítimo de la fuerza.
La senadora independiente Fabiola Campillai fue una de las más críticas, calificando la Ley Naín-Retamal como una "ley maldita" y responsabilizando al Gobierno de Gabriel Boric por su promulgación.
"El Estado hoy no solo le ha fallado a Gustavo, sino que al país entero. El Gobierno que llegó levantando las banderas de verdad y justicia, hoy es el principal responsable de la impunidad", fustigó la parlamentaria, que perdió la vista, el olfato y el gusto por una bomba lacrimógena durante la ola de protestas de 2019.
El Frente Amplio, el partido del Presidente Boric, manifestó que "la justicia le falló a Gustavo Gatica" con "un fallo que consagra la impunidad", argumentando que existían "antecedentes claros de uso de la fuerza fuera de todo protocolo".
En tanto, desde el Partido Comunista -cuya bancada de diputados alojó a Gatica para ser electo- hicieron una dura arremetida contra Naín-Retamal y contra quienes la apoyaron, entre los que se encuentran el Gobierno de Gabriel Boric.
La diputada comunista Lorena Pizarro instó a que "respondan los que la mandaron (la normativa), respondan los que la aprobaron y que respondan los que, a partir del 11 de marzo, se empiece a aplicar sin ningún pudor".
"Este comité (PC) iba a recurrir al TC para rechazar el proyecto de ley y quiero decir que el Gobierno lo proclamó a las ocho de la mañana para que no pudiésemos recurrir. Que se hagan cargo", criticó.
A esto respondió su correligionario y ministro de Justicia, Jaime Gajardo: "Lo primero es que llamamos a esperar el fallo (definitivo el 13 de mayo), que seamos prudentes y que ningún sector saque ninguna ventaja de una situación dramática".
En la vereda opuesta, el timonel del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, calificó la resolución como una "nueva derrota para el octubrismo y para quienes creyeron que a través de la violencia podían refundar Chile".
"Lo que corresponde ahora es que todos quienes lo apuntaron con el dedo pidan perdón y respondan por el profundo daño que le hicieron a él, a su familia y a Carabineros de Chile", afirmó el mandamás de la colectividad del Presidente electo, José Antonio Kast.
El diputado y fundador del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también se sumó a los festejos de la derecha en un video grabado junto con Crespo y otros legisladores. "Hoy día se cierra parte del capítulo del 18-10 (18 de octubre): el golpe de Estado que le trataron de hacer a la democracia, también con ayuda desde la institucionalidad", denunció.
El excandidato presidencial dirigió sus dardos hacia el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), exigiendo la renuncia de sus directivos por lo que considera una "vergüenza institucional".
"No era el comandante Crespo el que debió haber estado aquí enfrentando juicio, sino que aquellos que lo estaban atacando, aquellos que estaban lanzando piedras, aquellos que estaban lanzando bombas molotov, aquellos que aquí se presentaron como víctimas y que no lo eran: los verdaderos victimarios", aseveró el legislador, subrayando que la "legítima defensa privilegiada" es un derecho esencial para "todo funcionario en el cumplimiento de su labor".
Por su parte, desde Chile Vamos, el diputado Andrés Longton (Renovación Nacional) profundizó en el análisis jurídico, señalando que la Ley Naín-Retamal "no fue el único elemento por el cual se declaró la absolución de Claudio Crespo", sino a "principios legales y constitucionales del uso legítimo de la fuerza frente a una agresión ilegítima donde estaba peligrando su vida y la vida de distintos carabineros".
"Parece bastante evidente que acá hubo un sesgo en la persecución penal", agregó el parlamentario, que sugirió que la Fiscalía "tiene que tener consecuencias" por incumplir el principio de objetividad. "Esto obliga a replantearse al Ministerio Público el actuar respecto a cómo se está investigando", apuntó.
