Las imputaciones contra ambos ex senadores UDI "son extraordinariamente parecidas y uno debiera avizorar un resultado semejante", dijo el ex fiscal en Cooperativa.
Sobre la absolución de Orpis por delitos tributarios, cuestionó que el SII, si bien llegó hasta el final en el juicio, "su actitud zigzagueante complotó contra mejores resultados".
El ex fiscal Carlos Gajardo planteó que la condena contra el ex senador Jaime Orpis (UDI), en el caso Corpesca, por dos delitos de cohecho es una "muy mala noticia" para el también gremialista Pablo Longueira, quien enfrenta los mismos cargos en el caso SQM.
El "Coronel" de la UDI "ha insistido publicamente en su inocencia, pero este veredicto (contra Orpis) es una muy mala noticia para él", afirmó el abogado en Lo Queda del Día.
Expuso que "los tribunales están diciendo que las conductas desplegadas por una persona que recibe dineros directamente o por terceros, como a Jaime Orpis, y lo que se le imputa a Longueira; y la comisión simultánea de actos en beneficio de esa empresa, lo que hizo Orpis con Corpesca en la Ley de Pesca y lo que se le imputa a Longueira con SQM y la Ley del Royalty Minero, son situaciones extraordinariamente parecidas".
Por ello, "con el principio de igualdad ante la ley, lo que uno debiera avizorar un resultado semejante en un eventual juicio oral contra Longueira".
En el veredicto informado hoy por el Tercer Tribunal Oral en Lo Penal de Santiago Orpis fue condenado por seis de siete delitos de fraude al Fisco que se le acusaban, y por dos delitos de cohecho, cometido en el marco de la Ley de Pesca; y la ex diputada Marta Isasi, tambipen UDI, por uno de los tres delitos de cohecho que imputados.
"Es un fallo histórico: se ha asentado una verdad judicial que establece que en Chile una empresa pesquera coimeó, le pagó y sobornó a dos parlamentarios para que legislaran en su favor. Eso, establecido judicialmente, es extraordinariamente grave", enfatizó Gajardo.
Al respecto, valoró que el Congreso esté legislando anular dicha normativa. "Es evidente que lo que está haciendo el Parlamento es correcto; esa normativa específica tiene que ser revisada y adoptar las medidas correctivas que correspondan. Hoy se establece como verdad judicial que una ley de la República fue legislada con parlamentarios que estuvieron sobornados por una pesquera, y eso no puede causar indiferencia en el Parlamento".
"Además, es la primera condena en Chile, en juicio oral, a una empresa como responsable jurídicamente por haber cometido un delito por parte de su alto funcionario", subrayó, aunque "las penas a las que está expuesta la persona jurídica son bajas, tenemos una legislación no muy castigadora en delitos económico: debiera ser sancionada con penas de multa de cuantía no muy alta".
El TOP santiaguino, en tanto, absolvió a Orpis por delitos tributarios, contra quien el Servicio de Impuestos Internos se había querellado por facilitar 78 boletas ideológicamente falsas a Corpesca; y también a Isasi, quien no fue querellada por el SII.
Gajardo, primero, aclaró que "contra lo que se ha dicho en redes sociales hoy, Impuestos Internos llegó hasta el final, presentó acusaciones, estuvo presente en el juicio" contra Orpis, y que no es cierto que el organismo no haya perseverado. "La absolución fue porque no se acreditó suficientemente el dolo, la intención de Jaime Orpis para cometer ese delito", lo que es una "mala noticia para la persecución criminal de esos delitos", precisó el otrora fiscal.
No obstante, cuestionó que "en esta tesis, lo que ha complotado en contra de poder obtener mejores resultados ha sido la actitud completamente zigzagueante que ha tenido el SII, que en un momento fue bastante persecutor de estas causas, hasta el 2015, cuando fue intervenido por el Gobierno de la época, de la Presidenta Bachelet: se destituyó a su director y subdirector Jurídico justamente porque habían sido muy activos en estas causas, y se nombró a autoridades con un criterio distinto".
"La persecución criminal debe tener cierta consistencia, porque tampoco me parece que a los jueces les guste que tengan que terminar juzgando lo que decide en un caso o en otro una autoridad administrativa (del SII)", sostuvo, por lo cual apuntó que "los delitos tributarios debieran ser de acción penal pública y terminar con la facultad del SII, y debiéramos tener un SII mucho más autónomo".
