El organismo estatal le imputa revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación.
La acción penal también incluye a Luis Hermosilla, Mario Vargas, Samuel Donoso y Sergio Yáber.
La querella describe transferencias por más de 74 millones de pesos provenientes del conservador de Puente Alto.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra el exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa —destituido en noviembre de 2025—, imputándole los delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial en el marco del denominado "caso audios".
La acción judicial se dirige además contra los abogados Luis Hermosilla, Mario Vargas y Samuel Donoso, junto al conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, en calidad de autores del delito de soborno.
Según la acción penal, las indagatorias dan cuenta de "una red de relaciones personales entre los imputados Hermosilla, Vargas y Donoso, profesionales y personas de confianza en cuyo contexto se habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en la designación de otras personas en cargos del Poder Judicial", detalló el organismo querellante mediante un comunicado.
El libelo acusatorio, explicó el CDE, "describe las variadas acciones que configuraron las solicitudes de beneficios para el exministro, y el dar o consentir en dar por parte de los abogados, para, tras su nombramiento, sin declarar las inhabilidades presentes, resolver en diferentes causas en favor de los intereses representados por los referidos abogados".
Además, la querella le atribuye a Ulloa "la entrega de información reservada obtenida en el ejercicio de su cargo, como antecedentes sobre acuerdos, votaciones, y asuntos disciplinarios de tribunales superiores antes de que se hicieran públicos", añadió el Consejo.
En relación con el conservador Yáber, la acción penal detalla traspasos periódicos por cerca de 74,3 millones de pesos a Ulloa entre febrero de 2019 y abril de 2025, período en el cual el entonces ministro votó a favor suyo en un concurso para proveer el cargo de conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago.
Desde el CDE advirtieron que estos hechos "revisten, además de ser constitutivas de los delitos que indica, una especial gravedad afectando seriamente el estado de derecho y principios tan básicos como el de igualdad ante la ley".
Antonio Ulloa fue destituido de sus funciones e inhabilitado para ejercer cargos públicos por cinco años, luego de que el Congreso aprobara en noviembre de 2025 una acusación constitucional en su contra por notable abandono de deberes, a raíz de sus nexos con la red de tráfico de influencias del "caso audios".
