Patricio Maturana -que cumple una pena de 12 años de cárcel- podrá hacer efectivo eu beneficio a partir del 2 de diciembre.
"Esta decisión constituye un acto de impunidad", lamentó la víctima del ataque y actual senadora independiente.
La noticia se conoce a sólo dos días de un nuevo aniversario del estallido social.
Por unanimidad, la Comisión de Libertad Condicional de Talca concedió este beneficio al excarabinero Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de Fabiola Campillai, ataque cometido durante el estallido social de 2019.
El fallo emitido este viernes establece que "el solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026".
El excapitán cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina (Región del Maule), tras ser declarado culpable de haber disparado la bomba lacrimógena que causó severos daños a la actual senadora Campillai, hecho ocurrido el 26 de noviembre de 2019.
La víctima, que producto del ataque perdió de forma permanente la visión, el gusto y el olfato, presentó su oposición a la solicitud por escrito, pero también acudió personalmente ante la Comisión de Libertad Condicional en esta jornada para objetar lo planteado por el excarabinero.
La parlamentaria argumentó que debía exigirse el cumplimiento de dos tercios de la pena, y cuestionó que Maturana no le haya pedido disculpas ni expresado públicamente arrepentimiento por lo ocurrido.
Además, advirtió sobre las consecuencias que su eventual salida podría tener para su seguridad y su integridad psíquica, y pidió considerar los estándares internacionales en relación al cumplimiento de las condenas y los derechos de las víctimas.
Sin embargo, la instancia desestimó la presentación de Campillai al determinar que corresponde exigir la mitad de la pena, debido a que el delito por el que fue condenado Maturana no está entre aquellos que requieren cumplir dos tercios de la sentencia para acceder al beneficio.
Asimismo, la comisión apuntó que el fallo condenatorio descarta expresamente calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad.
También se consideró como un antecedente a favor el informe psicosocial de Gendarmería, el que reza: "El postulante evidencia actualmente una adecuada asunción de responsabilidad, reconocimiento del impacto de sus actos y rechazo explícito de la conducta delictiva, manifestando disposición sostenida a mantener un comportamiento ajustado a las normas sociales".
El documento además afirma que el riesgo de reincidencia de Maturana es "muy bajo", que ha mantenido una conducta intachable durante el período exigido, y releva que no registra antecedentes penales previos.
En cuanto a los temores expresados por Campillai, la comisión se limitó a señalar que no existen indicios de amenazas, acercamientos o comunicaciones del condenado hacia la senadora.
Poco después de que se conociera lo resuelto por la comisión, Campillai divulgó una declaración pública al respecto, en la cual subraya que "como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad".
Dando cuenta de los mentados fundamentos contra la liberación de Maturana, la parlamentaria insistió: "Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado".
"Soy una víctima más en la larga y triste historia de violencia estatal en Chile. Por eso, mi lucha por justicia también es por todos los ciudadanos del país: nadie debería ser mutilado ni perder la vida en el contexto de una manifestación, participe o no en ella", remarcó.
Por tanto, adelantó que "no me quedaré de brazos cruzados" frente al beneficio otorgado al excapitán, sino que "recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, a instancias internacionales".
Al cierre, la parlamentaria aseguró a las víctimas del estallido social y a sus familias que "no están solas. Seguiré trabajando por verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición, porque una democracia exige que quien abusa del poder del Estado responda ante la justicia y cumpla su condena. Seguiré de pie".
Desde la defensa del excapitán, la abogada Nubia Vivanco respondió escuetamente a la declaración de la víctima: "La señora Campillai ha tenido justicia (porque) se ha dictado una condena -a juicio de nosotros, contraria a derecho-, y ha tenido reparación, y por parte de Maturana, también ha habido todo un proceso de rehabilitación y reinserción".
En ese sentido, "no puedo hacerme cargo de la percepción de impunidad que pueda tener la señora Campillai", añadió la letrada.
Dado que la resolución se alcanzó a dos días de un nuevo aniversario del estallido social, en el marco del cual sectores oficialistas exigen al Gobierno otorgar indultos a otros exuniformados condenados en ese periodo, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, llamó a separar tales situaciones.
"No mezclaría las cosas. Esta es una resolución de carácter judicial, que un tribunal emitió de manera unánime, y no nos corresponde emitir mayor juicio u opinión" desde La Moneda, enfatizó el biministro.
