Como "una historia del lucro versus la dignidad de las personas" definió el fiscal Heriberto Reyes el caso que se lleva adelante contra cinco ex ejecutivos del laboratorio B. Braun Medical por su responsabilidad en la elaboración y comercialización, en estado defectuoso, del suplemento alimentario Nutricomp ADN, más conocido como "ADN pediátrico".
El juicio oral -el primero por delitos contra la salud pública en la historia de Chile- se inició en la víspera y se espera que se extienda por seis meses, ya que alrededor de 180 personas acudirán a declarar como testigos.
"Cuando estos acusados, que eran altos ejecutivos y dos de ellos directores de una empresa prestigiosísima", se enteraron de mal estado de producto y decidieron guardar silencio, "evidente tenían en la balanza los costos que significaba para ellos revelar que el alimento estaba defectuoso, y eso significaba perder muchas toneladas de producto", indicó Reyes.
Así, "sabiendo que lo que estaba del otro lado de la balanza era la vida de mucha gente, actuaron con desprecio de la vida de todas esas personas", agregó el persecutor.
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Se estima que el juicio al cual comparecerán 180 testigos- se extenderá por al menos seis meses. |
Querellantes buscarán las más altas penas
El abogado querellante del caso, Carlos Quezada, explicó que el juicio señalado considera sólo "los casos que en los cuales se pudo vincular directamente, se acreditó el consumo del ADN con la hipocalemia severa (desequilibrio sufrido por la falta de potasio) y la muerte de la persona", que se dio en seis casos certificados científicamente: Ana Rosa Riquelme Sánchez, de 95 años; Tatiana Pamela Vásquez Gamboa, de 33; Maximiliano Sebastián Trey Pérez, de siete años; Cecilia Carolina Collinao Manzanares, de un año; Oliver Isaac Galdamez Díaz, de seis; y Gioconda Leonor Gómez, de 53 años de edad.
El profesional explicó que la forma en la cual "se va trabajar junto con el Ministerio Público es intentando obtener las sanciones más altas que sean posibles, e intentar acreditar todos los hechos más allá de la duda razonable, aspirando a obtener penas de entre 16 a 19 años de cárcel para cada uno de los imputados".
La defensa de los imputados no realizó declaraciones durante la audiencia realizada ayer, a la que acudieron numerosos familiares de las víctimas, quienes sí hablaron con la prensa para demandar justicia.
"Lo único que pido es que se haga Justicia. Nada más. No puedo pedir otra cosa, porque devolverme al Maxi... nunca más lo tengo en mi vida por culpa de cinco bandidos, porque ellos actuaron por un tema plata, un tema monetario, no actuaron por otra cosa", dijo Mario Trey, padre de Maximiliano Trey Pérez, quien murió a los siete años de edad producto del consumo de producto citado.