El fiscal nacional, Ángel Valencia, resolvió trasladar una arista de la indagatoria por la desaparición y fallecimiento del pequeño Tomás Bravo, hechos ocurridos en la localidad de Caripilún (Arauco) en febrero de 2021, desde la jurisdicción del Ministerio Público del Biobío a la de Los Ríos.
Debido a la querella presentada por Estefanía Gutiérrez, madre del menor fallecido a los tres años de edad, por el delito de sustracción, Valencia reasignó esa causa a la recientemente designada fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel.
"La resolución tiene como objetivo asegurar una gestión más especializada de la investigación, considerando la gravedad de los hechos denunciados y la complejidad del caso", explicó la Fiscalía Nacional.
Esquivel asumirá la conducción de la investigación, ejercerá la acción penal de ser necesario y proporcionará protección a las víctimas y testigos, según las circunstancias lo requieran.
DESENCUENTROS CON LA FAMILIA
El trabajo de Marcela Cartagena, que dirige la Fiscalía del Biobío, ha sido duramente cuestionado por la familia del niño, sobre todo luego de la decisión de abrir una nueva indagatoria por abandono de menor con resultado de muerte, delito por el que reformalizó al tío abuelo de Tomás, Jorge Escobar, tras haber cerrado la investigación original por homicidio calificado.
"Es indignante que todavía la señora Marcela Cartagena siga con algo que no ha dado frutos. Me parece un grado de terquedad de parte de ella, porque sabe que está en un error", deploró Gutiérrez en abril pasado.
La fiscal regional del Biobío enfrentó incluso un reciente intento de destitución, impulsado por 17 parlamentarios en apoyo a las familias que acusan negligencias investigativas en casos emblemáticos, pero la solicitud fue rechazada la semana pasada por la Corte Suprema, en un fallo dividido.
La causa ha estado marcada por desaciertos del Ministerio Público desde el comienzo. Tras el hallazgo del cuerpo, el 26 de febrero del 2021 -luego de nueve días de frenética búsqueda-, el entonces fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, anunció pública e inmediatamente la detención del tío abuelo, la última persona que lo vio con vida y quien ha sido el único sospechoso para la Fiscalía durante todo el caso.
Pero en la formalización posterior, por presunto homicidio calificado, la Justicia desestimó la petición de prisión preventiva y determinó que, en aquel momento, no había antecedentes que acreditaran que el pequeño hubiese sido asesinado ni existía evidencia que vinculara al familiar. Tras el revés, el fiscal Ortiz fue removido de la indagatoria, que desde entonces fue asumida Cartagena.
