El Juzgado de Garantía de Arauco reformalizó este miércoles al tío abuelo de Tomás Bravo, Jorge Escobar, por el delito de abandono de menor con resultado de muerte, a raíz de la desaparición y fallecimiento del pequeño, hechos ocurridos en Caripilún en febrero de 2021.
La audiencia tiene lugar después de que, en fallo dividido, la Corte Suprema rechazara un recurso de amparo presentado por la defensa del único sospechoso, ratificando la sentencia que dictó la Corte de Apelaciones de Concepción.
Los representantes de Escobar no lograron revocar la decisión de la Fiscalía Regional del Biobío de separar la investigación original por homicidio y abrir una nueva causa con la figura establecida hoy por el ente persecutor.
Inicialmente, el relato de la Fiscalía indicaba que hubo participación de terceros en la muerte del niño, pero ésta no pudo ser corroborada durante el plazo designado para indagar.
En esta jornada, la magistrada Perla Roa desestimó los argumentos de la defensa para postergar la diligencia, que adujo a que aún resta que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre una solicitud de sobreseimiento definitivo.
"La formalización de la investigación es una actuación de garantía del imputado, de modo que tampoco se advierte cómo esta afectaría sus derechos. Conforme a lo expuesto, no se hace lugar a la reprogramación de la audiencia, debiendo procederse -encontrándose todos los intervinientes- a la realización de la actuación procesal que pretende el Ministerio Público", resolvió la jueza de garantía.
Iniciada la formalización, los medios de comunicación presentes en la sala se vieron obligados a salir, porque a solicitud de la Defensoría de la Niñez, la causa será totalmente reservada.
Al cierre, la magistrada estableció un plazo de 45 días para el cierre de la investigación.
DEFENSA: "NO ESTÁ PROBADO EL DOLO"
Terminada la audiencia, el abogado Cristián Sleman de la Defensoría Penal Pública manifestó "la más plena convicción de que don Jorge Escobar no tiene ninguna responsabilidad en ese delito, porque como bien ha quedado establecido en la investigación, en los actos que él mismo ha descrito, en una situación que se dio de forma espontánea: él deja a resguardo a Tomás en una posición tal y después él desaparece".
El jurista añadió que "el delito de abandono de menor requiere dolo, de la intención positiva de que una persona pretenda abandonar, en este caso, a un menor para que este tenga como resultado la muerte, y la investigación ha sido categórica en establecer que eso no está probado".
La gestión del caso por parte de la fiscal regional, Marcela Cartagena, ha sido cuestionada tanto por la Defensoría Penal Pública como por los familiares de Tomás, e incluso por diputados que buscan removerla del cargo.
