Dos detectives de la PDI fueron condenados a tres años de cárcel por estafa y cohecho en el marco de la denominada "Operación Imperio", una de las investigaciones de delitos económicos más grande en la Región de La Araucanía.
La indagatoria, que ha causado gran impacto en la región, apunta a una red de corrupción y fraude que supera los 3.000 millones de pesos, y que también involucra a reconocidos empresarios de la zona.
Los condenados, identificados como Juan Carrasco (ex PDI de Temuco) y Vladimir Cáceres (exsubcomisario de la Bicrim Independencia), quienes fueron declarados culpables por participación en una serie de ilícitos que incluían desde estafas a aseguradoras hasta la filtración de operativos secretos.
"Uno prestaba servicios en Temuco y otro en la comuna de Independencia, los cuales reconocieron participación en diversos delitos: desde vulneración de secretos y también en fraudes a las compañías de seguro, además de adulteración de partes e entrega de informes policiales falsos a las fiscalías de Santiago", informó el fiscal Luis Torres.
Los involucrados utilizaban el dinero obtenido de forma ilícita para adquirir bienes de lujo, entre los que destacan yates, lanchas, vehículos de alta gama e incluso un helicóptero.
Vulneración de secretos
Entre los antecedentes conocidos durante la audiencia se destacó que, el 21 de agosto de 2025, uno de los funcionarios involucrados vulneró el secreto de la "Operación Imperio", investigación reservada de la Fiscalía y de la PDI que preparaba allanamientos simultáneos en 35 domicilios.
Según indicó Fiscalía, el policía alertó telefónicamente a uno de los investigados para que abandonara el lugar porque iban a "reventar la casa", obligando al Ministerio Público a adelantar el operativo para evitar fugas y pérdida de pruebas.
El Seremi de Seguridad Pública, Luis Calderón, destacó que "el propio accionar interno de la PDI identificar a una o más personas imputadas por graves delitos asociados a corrupción interna y, por otro lado, hacer las denuncias y coordinar internamente a su vez para que la investigación y las órdenes judiciales no se vieran afectadas".
"Más allá de comentar un fallo judicial en particular, queremos relevar el accionar interno y los propios filtros", subrayó.
Actualmente, la "Operación Imperio" mantiene a más de 18 personas imputadas mientras la investigación continúa en desarrollo para esclarecer la totalidad de los nexos y delitos cometidos en la región.
A pesar de la gravedad de los hechos, el Juzgado de Garantía de Lautaro sustituyó el cumplimiento efectivo de la pena por el beneficio de libertad vigilada intensiva. Ambos sentenciados también quedaron inhabilitados para ejercer cargos y oficios públicos en territorio nacional.
