El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, abrió este miércoles una investigación en torno a la Seremi de Vivienda de esa zona por ocho traspasos de dinero realizados a fines de 2022, por un total de 577 millones de pesos, a la fundación Urbanismo Social.
Si bien el caso se asemeja a lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva, la diferencia es que en el Maule no hubo asignación directa de recursos, sino que un proceso de licitación para la contratación de servicios, del que el seremi Rodrigo Hernández (Revolución Democrática) se abstuvo de participar, pues anteriormente cumplió funciones de abogado en la ONG favorecida.
El persecutor regional explicó que "a la luz de los antecedentes que ha recogido el Ministerio Público respecto de esta fundación, radicado en publicaciones, medios de comunicación y redes sociales, además de la propia confirmación que emana de un comunicado de la Seremi de Vivienda del Maule, confirmamos el inicio de una investigación de oficio".
A la vez, aclaró que "no hay otra arista que se vincule a otras personas, sino que el mismo modus operandi que eventualmente tiene que despejarse, y hemos preferido que la indagación se vincule a aquella que está iniciada en Antofagasta".
Por ello, "la Fiscalía del Maule queda a disposición del fiscal (a cargo del caso original, Cristián) Aguilar para los requerimientos que necesite y el avance de las investigaciones, fundamentalmente para esclarecer los hechos".
Conocida la apertura del expediente, el ministro del ramo, Carlos Montes, se limitó a señalar que "hay cuatro seremis en Vivienda que son de RD: son distintas personas, historias distintas, roles distintos".
"Allá (Hernández) se inhabilitó, pero no me corresponde entrar a responder. Haremos la investigación preliminar y se la vamos a entregar a la Fiscalía", como lo hizo en esta jornada por el escándalo inicial.
"CONTRATOS CON TOTAL APEGO A LA LEY"
La semana pasada, tras ser objeto de algunos cuestionamientos, Urbanismo Social emitió una declaración pública en la que además de expresar su preocupación por el caso Democracia Viva, dijo esperar que "se lleven a cabo todas las investigaciones necesarias, de modo que se permita distinguir el funcionamiento de cada fundación, para lo cual aportaremos en todo lo que sea requerido".
"Enfatizamos de manera contundente y decidida que todos los acuerdos de contratación establecidos por Urbanismo Social con el Minvu han sido llevados a cabo con total apego a la ley", y por tanto, "rechazamos de forma categórica cualquier especulación que vincule a nuestra organización con irregularidades de cualquier índole, ya que carecen de fundamentos y se basan directamente en información incompleta o distorsionada".
La ONG manifestó su inquietud porque "casos puntuales sean generalizados, comprometiendo el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que desde hace muchos años desempeñamos un papel fundamental en el diseño, implementación y mejora de políticas públicas, en donde siempre hemos priorizado el bienestar de las personas".
