El ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), se reunió esta mañana con el fiscal regional (s) de Antofagasta, Cristián Aguilar, en el marco de la investigación por el escándalo político y también penal referido a los convenios suscritos entre la Seremi del ramo y la fundación Democracia Viva, que involucra a militantes del oficialista Revolución Democrática.
El secretario de Estado llegó ayer a la región, y este martes, a las 09:30 horas, conversó el persecutor que indaga el caso. El objeto de la reunión fue, según había adelantado el titular, entregarle "todo el material" recabado por el Minvu.
Tras la cita, destacó que fue "una muy grata reunión, porque nos ha permitido conversar a fondo distintos temas".
Confirmó que "hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá".
"A nosotros no nos corresponde determinar qué es irregular o no, es un tema del fiscal. Nosotros hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo, y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones", apuntó.
Y añadió que "hay cuatro seremis en Vivienda que son de RD, son distintas personas, son historias distintas, roles distintos. Pero no me corresponde a mí entrar a responder, vamos a hacer la investigación preliminar y se la vamos a entregar a la Fiscalía".
En la útima jornada, el ministro Montes visitó campamentos en Antofagasta para verificar "realmente lo que se ha hecho" por parte de organizaciones que se han adjudicado recursos del Minvu. Democracia Viva estaba realizando intervenciones desde hace algunos meses en 10 de esos lugares.
El Ministerio Público abrió hace una semana una investigación de oficio para determinar si los acuerdos entre la Secretaría Regional Ministerial y la fundación "son o no constitutivos de delito", entre los que se apuntan presuntos tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.
En la indagatoria figuran como imputados el exseremi de Vivienda Carlos Contreras y el representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez, todos militantes de RD.
ALLANAMIENTO EN DOMICILIO DE PÉREZ Y ANDRADE
En la víspera, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llegó a la vivienda de Pérez (RD) en la comuna de Pedro Aguirre Cerda -que compartía con Andrade- preguntando por el representante legal de la ONG cuestionada.
El procedimiento fue valorado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), desde la perspectiva de que "cuando hay delitos que vulneran el adecuado uso de recursos públicos, que se pueda allanar el domicilio de una diputada de la República, muestra la determinación también de nuestras instituciones de luchar, impedir y sancionar cualquier tipo de delitos de esta naturaleza".
No obstante, el fiscal Aguilar aclaró que el allanamiento no estaba dirigido a la parlamentaria. "Se realizaron diligencias autorizadas por el tribunal, que dicen relación con los domicilios que manteníamos del señor Andrade, incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. No teníamos ningún antecedente de que se domicilio pudiera ser compartido o tener vinculación con la diputada Pérez", explicó.
UDI DESIGNA ABOGADOS PARA INVESTIGAR POSIBLES CASOS SIMILARES
En paralelo, la bancada de la UDI, que es querellante en el caso, designó a los abogados Teresita Santa Cruz, Pablo Toloza y Carlos Oyarzún, para que recopilen por todo el país las informaciones que puedan proveer sus consejeros regionales y concejales para aportar en la investigación.
El diputado Juan Antonio Coloma Álamos adivrtió que "al ministro Montes simplemente se le está acabando el tiempo".
"No basta con presentar apoyos en la Región de Antofagasta, se necesita transparentar todo lo que ocurrió en Chile. Uno se pregunta hasta dónde siguen trabajando en el ministerio personas que hipotéticamente hubiesen tenido un doble contrato. Es simplemente impresentable", fustigó también.
"Yo no conozco una persona que tenga dos contratos. Puede que lo haya, pero yo no lo conozco (...) Es un problema que se está investigando", respondió Montes.
Ayer, la directiva de RD dijo que considera que existe "sospecha de delitos" e interpuso una querella contra quienes resulten responsables. La opositora coalición Chile Vamos ha pedido que avance una causa penal y solicitado un pronunciamiento administrativo de la Contraloría General de la República, y también impulsará una comisión investigadora en el Congreso.
En tanto, el Presidente Gabriel Boric pidió a todos los ministerios recabar antecedentes de las asignaciones de fondos a organismos no gubernamentales para despejar sospechas.
