La Contraloría General de la República informó este jueves que instruyó oficialmente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) para que rinda cuentas respecto a cómo se realizó el polémico proceso de convenios que involucró a Democracia Viva, pero también de todas las fundaciones sin fines de lucro en Antofagasta, entre 2022 y 2023, fijando un plazo de cinco días hábiles para la entrega de la información, que se cumplirá el jueves 29 de junio.
Según consignó La Tercera, la fiscalización de Contraloría llega en un momento complejo para el Gobierno, especialmente para Revolución Democrática (RD), debido a que ahora son dos los procesos en simultáneo que deberán enfrentar, ya que este último se sumó a la acción Judicial de la Fiscalía, luego de que la entidad abriera una investigación de oficio para indagar la legalidad del contrato entre el Ejecutivo y la ONG representada por Daniel Andrade, pareja de la diputada Catalina Pérez (RD).
Los dirigentes del Frente Amplio habían descartado implicancias legales y administrativas, limitando la situación a la esfera política, como lo señaló el martes pasado el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, al comentar que "no hay nada irregular o ilegal en el convenio (...) el tema y el descriterio está justamente en el vínculo en que se da la sospecha, por el vínculo de cercanía a través de la diputada Pérez, por una parte el pololo de la diputada y por otra parte un seremi que había sido alguien de su confianza en su período anterior".
Sin embargo, el oficio de Contraloría no solamente se centra en la entrega de recursos a Democracia Viva, sino que en todos los procesos en donde se proporcionaron recursos a fundaciones desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta.
EXCEPCIÓN EN EL PLAZO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN
Las solicitudes de información por parte de Contraloría entregan -generalmente- un plazo entre 10 y 15 días, pero esta ocasión fue una excepción, ya que el oficio emanado por la entidad afirmó que "los antecedentes requeridos deberán ser remitidos en un plazo máximo de 5 días hábiles, contado desde la recepción del presente oficio, a través de la plataforma web 'Ventanilla Única', de este Organismo Fiscalizador".
En esa línea, entre 2018 y 2023 la Contraloría ha ejecutado 556 acciones de fiscalización al Minvu, dentro de las cuales se encuentran auditorías financieras y de cumplimiento, investigaciones especiales de obra pública, entre otras.
No obstante, la petición en este caso no se trata de una solicitud general, ya que la entidad fiscalizadora pidió -además- una serie de detalles para acceder a la rendición de cuentas, como el detalle de todos los convenios de transferencias suscritos relacionados al programa de "asentamientos precarios", identificando los actos administrativos que los aprobaron, su fecha, la organización receptora y la identificación del proyecto.
Asimismo, Contraloría pidió los montos pactados, el detalle del dinero que se entregó y el estado actual de su ejecución.
Tras lo anterior, el Minvu deberá informar sobre la entrega de fondos a las ONG, o bien pedir una prórroga del proceso.
LA ACCIÓN JUDICIAL DE FISCALÍA
El fiscal jefe de Antofagasta, Christian Aguilar, se refirió a la acción judicial presentada por el Ministerio Público respecto al caso, afirmando que "se ha despachado una orden de investigar a la Bridec (Brigada de Delitos Económicos) de la PDI y se han derivado diversos requerimientos de información, tanto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como a la Contraloría Regional de Antofagasta y a la Seremi de Antofagasta".
Lo anterior tiene como objetivo "poner a disposición de la Fiscalía todos los antecedentes relativos a la existencia de convenios entre la Seremi de Vivienda con la mencionada fundación, para poder definir las circunstancias en que se produjeron dichos convenios. Lo que se investiga es la eventual comisión de distintos delitos, entre los cuales podríamos citar tráfico de influencias, malversación de caudales públicos o fraude al fisco", añadió el persecutor.
Aguilar agregó también que fue oficiado el Consejo de Defensa del Estado, para que de acuerdo a sus competencias, también adopte medidas.
La Fiscalía además conversó este jueves con el Minvu, quienes evalúan la posibilidad de reunirse para poder aclarar y aportar mayores antecedentes con respecto a este hecho.
MINISTERIO DE JUSTICIA IMPULSA FISCALIZACIÓN Y SE COMUNICÓ CON EL CDE PARA ENTREGAR ANTECEDENTES
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó esta tarde que el Departamento de Personas Jurídica de la cartera impulsó una fiscalización a la fundación Democracia Viva, "con el objeto de tener el detalle de los antecedentes sobre la composición actual, sus socios y, además, de la actividad financiera. Ellos debieran haber estado acompañando al Ministerio de Justicia las memorias y sus balances del año 2022 y las están siendo requeridos por esta vía".
Además, el secretario de Estado señaló que "el ministro Montes me ha pedido -cosa que he hecho el día de hoy- que me comunique con el Consejo de Defensa del Estado".
"Al CDE nosotros les vamos a hacer llegar todos los antecedentes que sean recopilados en esta instancia, con el propósito de que el CDE adopte las medidas que correspondan, en otros términos, que defina las acciones en este caso en particular", indicó Cordero.
"LA SUBSECRETARIA CUENTA CON TODA NUESTRA CONFIANZA"
Sobre el detalle del caso, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló que a ellos les "llegó una información diciendo que en esa región, en la Seremi de Vivienda y Urbanismo se estaban contratando demasiadas personas de RD".
"Frente a esto, yo le hice ver a la subsecretaria que ella tenía que investigar y determinar qué es lo que estaba ocurriendo. Ella lo hizo a través de distintos informes que le entregaron", destacó el secretario de Estado.
Ante esto, aseguró que "la subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena".
Por su parte, el senador Latorre afirmó que "estamos completamente en sintonía con el Ministerio de Vivienda, encabezado por el ministro Carlos Montes y la subsecretaria Rojas".
"Por lo tanto, saludamos las medidas que ha tomado el Ministerio de Vivienda que saque de su cargo al Seremi, que inicie una investigación interna", puntualizó el líder de Revolución Democrática.
Desde la oposición, en tanto, el diputado RN Frank Sauerbaum señaló que "lo mejor que puede hacer el ministro Montes es hacer una rápida investigación y pedirle la renuncia a la subsecretaria, porque creemos que es la principal responsable hoy día por esta mala entrega de recursos".
"Creo que esto es la punta del iceberg. Nos han llegado denuncias del propio interior del Ministerio de Vivienda, que esta situación se repitió con otras ONG y con otras en otras regiones y nosotros las vamos a investigar antes de darla a conocer. Por eso vamos a tomar otras medidas en la Cámara de Diputados que también que se van a anunciar", detalló el parlamentario.
