"Le expongo esta voluntad en base a mi convicción de que lo prioritario y urgente es superar esta discusión", señaló el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda.
Tras dos rechazos a sus invitaciones, desde la instancia ahora afirman que su declaración ya "no es una prioridad".
En medio de la polémica que se generó por su no comparecencia en dos oportunidades, el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, aseguró este martes estar a disposición para asistir a la comisión investigadora del caso convenios.
A través de un correo electrónico, dirigido al diputado José Miguel Castro (RN), Crispi manifestó su "disponibilidad para asistir a una próxima sesión, en la fecha en que usted y la honorable comisión decidan convocarme. Le expongo esta voluntad en base a mi convicción de que lo prioritario y urgente es superar esta discusión".
"Así, espero responder vuestras inquietudes de manera presencial o por escrito, en relación a los actos de gobiernos ejecutados en el cargo de subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo", detalló en el escrito.
La disposición explicitada por Crispi se da después de que la Contraloría General de la República remitiera la solicitud de un informe respecto de la no comparecencia del jefe de asesores del Segundo Piso a esta comisión, dando un plazo de cinco días hábiles para que La Moneda dé cuenta de sus argumentos.
"Cualquier persona, en un estado democrático, que está en una posición de poder, tiene el deber de rendir cuentas", aseguraba ayer también el propio contralor Jorge Bermúdez.
La postura de Crispi fue abordada por el diputado Castro, quien afirmó que "si cree que va a venir solamente a declarar como exsubdere, yo le pediría entonces que se retirara de la comisión".
"Creo que después del baño de realidad que le dio el contralor de la República, no les ha quedado otra que simplemente allanarse al factor fiscalizador que tiene este Congreso Nacional, y a Miguel Crispi yo soy de la tesis de esperar la sanción ejemplificadora que le de la Contraloría General de la República", puntualizó el parlamentario.
Frente a este panorama, la posibilidad de citar por tercera vez a Crispi será discutida en la comisión en la sesión del próximo lunes y si eventualmente se solicita, podría ser invitado para el jueves de la próxima semana.
La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, quien se encuentra durante estos días reemplazando a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, hizo ver lo inconsistente que sería que ahora la comisión parlamentaria no quiera recibir a Crispi.
"Si el jefe de asesores ha manifestado la disposición después de haber sido requerido, sería bien inconsistente que ahora la comisión no lo recibiera. A veces la política contingente se toma temas que son súper relevantes, como el de la posibilidad de explicar y entregar antecedentes de manera súper clara a las comisiones investigadoras, pero, bueno, también los parlamentarios tienen su propia autonomía en ese sentido", señaló la secretaria de Estado.
Mientras que el diputado Raúl Soto (PPD) recalcó que "no puede la comisión darse una vuelta de carnero y decir que prefiere que no venga. Crispi reconoció su error, quiere venir a declarar y yo creo que lo que corresponde es aceptar esa solicitud".
En conversación con la prensa en el Congreso, el contralor Jorge Bermúdez explicó que, si se concreta la comparecencia de Crispi ante la comisión, ya no tendrá sentido de oportunidad la explicación formal solicitada a la Presidencia de la República por su negativa inicial y la entidad no emitiría dictamen.
Manifestó, además, que en una sesión parlamentaria, el jefe de asesores de La Moneda tiene varias formas de resguardar el contenido de sus respuestas si se le pregunta por asuntos propios de su rol de asesor presidencial.
"La propia ley del Congreso establece toda una regulación respecto de la protección que tienen las personas que comparecen a las comisiones especiales investigadoras al momento de declarar. Puede pedir que en un determinado momento esa sesión pase a ser confidencial o reservada, o también puede utilizar los derechos que le da el Código Procesal Penal, como, por ejemplo, el derecho a no autoincriminarse", explicó Bermúdez.
"Evidentemente que si se produce el hecho que busca la Cámara y que es la cuestión que se está preguntando, pierde oportunidad la pregunta que está haciendo la Contraloría", añadió.
