La ministra Romy Rutherford, encargada de liderar la investigación por fraude en el Ejército hasta septiembre pasado, postuló para llegar a la Corte Suprema.
Rutherford, que asumió la investigación del fraude y sus más de 40 aristas el 3 de marzo de 2017, proceso a 68 uniformados durante sus indagaciones, incluyendo a los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022), este último revocado por la Corte Marcial.
Tras su salida del caso, la magistrada se encuentra trabajando en la sala tributaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, además de integrar el pleno del tribunal de alzada capitalino.
Este escenario podría cambiar para Rutherford en los próximos meses, dado que con la la salida del ministro Haroldo Brito del máximo tribunal tras cumplir los 75 años, edad máxima para trabajar en la instancia, se abrió una vacante a la que ya postuló la jueza durante la semana pasada.
Según informó La Tercera PM, se trata de un proceso selección que ya está cerrado y cuyo avance no será breve dada las instancias que hay que atravesar. Entre los otros postulantes están los ministros Omar Astudillo y Mireya López.
EL PROCESO PARA UN POSIBLE PASO A LA SUPREMA
En primer lugar, la Corte Suprema analizará los antecedentes y citará a una audiencia de exposición, para posteriormente nombrar una quina y entregarla al Gobierno, que deberá -a través de la asesoría del Ministerio de Justicia- definir un nombre.
Será el Presidente Gabriel Boric quien proponga este nombre al Senado, que finalmente debe acoger o rechazar la elección del Ejecutivo.
Previo a este proceso, Rutherford -según consignó el medio antes citado- se encuentra en buen pie ante el Congreso por su labor en el caso de fraude en el Ejército, sobre todo recordando que sus diligencias fueron prolongadas por los propios parlamentarios en dos ocasiones.
En el caso de ser designada en una quina y elegida por el Gobierno, se espera que su nombre cuente con los votos favorables del oficialismo, mientras que hay dudas en el caso opositor.
El procesamiento de generales se dio en su mayoría durante la administración de Sebastián Piñera, situación que generó una tensión entre Rutherford y el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, quien solicitó el retiro de 21 generales.
