El Gobierno busca instalar un consejo consultivo permanente para nombramientos y mantener cupos de supremos “externos” al sistema judicial.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que esperan establecer un mecanismo que “valore el mérito más que la antigüedad y el conocimiento personal”.
El Ministerio de Justicia ingresará este miércoles el proyecto de reforma al sistema de nombramientos del Poder Judicial, en medio de la crisis que enfrenta por los casos audios y Hermosilla, la que apuntará a valorar el mérito antes que la antigüedad.
En un video publicado por el Poder Judicial, el titular Luis Cordero adelantó que la propuesta cuenta de tres ejes principales: "Establecer un mecanismo de nombramiento que permita separar el régimen, permitiendo un mecanismo de nombramientos que valore el mérito más que la antigüedad y el conocimiento personal".
"Segundo, es la distinción de las competencias en materia de gobierno judicial y, en tercer lugar, establecer reglas e incentivos adecuados para controles preventivos en materia de conflictos de interés", precisó.
El secretario de Estado señaló que "la Corte Suprema tiene un largo historial en esta materia" y dijo que conversó con ellos sobre los aportes generados por los proyectos BID del año 2005 y 2010, "que son insumos extremadamente útiles para la discusión de la actualidad".
Asimismo, apuntó que en la exposición "se destacó las ideas centrales en las que coinciden la Corte Suprema y el Ejecutivo respecto del mérito de la separación en materia de gobierno judicial y establecer mecanismos adecuados en materia de control de conflictos de interés".
Ministro de Justicia expuso ante el pleno de la Corte Suprema nuevo proyecto de nombramientos https://t.co/IleXN6fcJy pic.twitter.com/rudOjmaA6D
— Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) October 15, 2024
Más tarde, desde el Congreso, Cordero enfatizó que la propuesta "pone énfasis en los procedimientos de concursabilidad y de oposición, en otros términos, que existan mecanismos competitivos para acceder a cualquier cargo judicial (...) esto es acabar con la política de 'besa manos', de quienes la promueven y quienes la solicitan".
"La reforma considera un mecanismo transitorio regulado en la propia reforma constitucional, mientras se dictan las leyes de adecuación, pero que tenga aplicación 90 días después de entrada en vigencia (la iniciativa), fundamentalmente para los procedimientos de designación de ministros de Corte Suprema y Corte de Apelaciones", detalló el ministro.
En ese sentido, quienes conocieron el proyecto dijeron que el Gobierno propondrá establecer un consejo consultivo permanente para nombramientos, que estará integrado por: un representante de la Corte Suprema; otro de las cortes de Apelaciones; un juez; un rector de Derecho del Consejo de Rectores de las Universidades chilenas (CRUCh), y un abogado "prestigioso", según consignó El Mercurio.
La elección de los tres primeros sería mediante un sorteo, mientras el CRUCh elegiría a su representante y el "abogado prestigioso" pasaría por un proceso que involucraría a la Alta Dirección Pública. Los miembros estarían cinco años en el cargo, con dedicación exclusiva.
Este organismo elaborará una terna, de la cual el Presidente de la República debe nominar a un candidato en un plazo de 10 días, pero de no hacerlo, se entenderá que nombró al primero de esa lista.
En suma, La Moneda busca separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales mediante los organismos autónomos, y que lo que prime en la elección sea el mérito y la concursabilidad.
Sin embargo, la diputada Camila Flores (RN) ve estos cambios como "letra muerta", pues -a su juicio- el proyecto se remite a establecer que "vamos a tener un sistema mucho más alejado de las presiones políticas o de otras características, o de grupos de interés para tomar a jueces".
"Es fundamental que esto, en la práctica, sea así: que las personas que tengan las mejores capacidades y actitudes, en lo ético, lo moral y lo profesional, sean los que ocupen estos cargos, y no simplemente una declaración de intereses", zanjó.
En tanto, se mantendrá el rol del Senado en el proceso de llegada al máximo tribunal, y según quienes conocieron el proyecto, es un tema que ha sido solicitado al ministro por legisladores oficialistas y opositores.
"Me parece que la propuesta presentada es insuficiente, y no cumple el objetivo que se busca, que es blindar el sistema de nombramiento de posibles influencias externas, especialmente las políticas, y para eso hay que sacar al Senado y al Poder Ejecutivo" de la ecuación, opinó el diputado Raúl Soto (PPD).
Su par del Frente Amplio Javiera Morales añadió que "tenemos algunas diferencias en cuanto al rol que va a seguir jugando el Senado en la propuesta del Ejecutivo, o cómo es la conformación de este órgano autónomo, que sería el encargado de hacer propuestas de ternas para que el Presidente y el Senado ratifiquen".
Por otro lado, se mantendrá la figura de los ministros del máximo tribunal ajenos a la carrera judicial, como es el caso de Ángela Vivanco –removida la semana pasada- o Andrea Muñoz y Arturo Prado, quienes continúan en el actual pleno del máximo tribunal.
Sin embargo, sí se pretende eliminar la figura de los abogados integrantes de la Corte Suprema y los tribunales de alzada.
El Ejecutivo pretende que la propuesta sea despachada antes del receso legislativo de febrero antes del receso legislativo de febrero, dando paso a una modificación integral que se estudia en el país desde el retorno de la democracia.
