La máxima corte estimó que no tiene competencias para referirse a la reforma constitucional promovida por senadores de oposición.
En tanto, formuló observaciones formales a la ley corta del Gobierno.
La Corte Suprema desestimó pronunciarse sobre el denominado "proyecto alternativo", promovido por senadores de la oposición, que busca concretar, vía reforma constitucional, el fallo del máximo tribunal contra las isapres.
El 1 de diciembre pasado se conoció que el máximo tribunal ordenó a las aseguradoras privadas aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia de Salud, a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementarla.
Se daba seis meses para su aplicación, plazo que se cumple el 30 de mayo, pero la misma Suprema aceptó ampliarlo por el mismo período de tiempo, dado que hasta la fecha no ha observado "ninguna evidencia de cumplimiento".
Para encauzar el cumplimiento, el Gobierno ingresó una ley corta a través del Senado; que en paralelo analiza una reforma de senadores de oposición que incorpora una disposición transitoria que permite que las isapres aumenten sus precios base en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios; y mandata que la Superintendencia establecerá un procedimiento de devolución en caso que las compañías tengan que devolver eventuales excedentes pagados por los afiliados, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas), una de las impulsoras de la segunda iniciativa, había anunciado la presentación de un escrito para que el máximo tribunal se pronunciara sobre si el contenido del proyecto alteraba o incumplía el fallo.
Sin embargo, este lunes el Pleno de la Suprema resolvió que no tiene competencias para referirse a la reforma.
En tanto, sí formuló tres observaciones, formales, respecto a la ley corta del Ejecutivo.
Aquella iniciativa, expone en sus objetivos, busca viabilizar el cumplimiento de la sentencia, protegiendo la viabilidad financiera de las isapres -serán éstas las que tendrán que informar sus cálculos respecto a los montos que deberán devolver y establecer una fórmula de pago a los afiliados-, y fortalecer al Fonasa a través de la creación de una nueva modalidad, alternativa, de acceso a su provisión financiera que permita acoger a nuevos beneficiarios en condiciones similares a las que hoy contempla el sistema privado.
"Nosotros como jueces esperamos que los fallos se cumplan; si no se cumplen, obviamente quienes son afectados por el incumplimiento lo tienen que hacer valer, porque una vez terminado el plazo viene una etapa de cumplimiento del fallo", detalló la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Ante esto, insistió que "se han dado seis meses de prórroga precisamente buscando que el fallo se cumpla. Si no se cumple, van a partir por decirlo las Cortes de Apelaciones respecto al fallo".
Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, declaró que "la Corte se pronuncia cuando, conforme al mandato constitucional, debe hacerlo. En este caso, la Corte ha señalado que, respecto del proyecto de reforma constitucional, no procede pronunciamiento alguno porque no está dentro de las hipótesis que establece la Constitución respecto de estas consultas".
"Y respecto del mérito del proyecto, esto forma parte del debate democrático y nosotros hemos sido claros en señalar que nos parece que éste no resuelve el problema porque radica el esfuerzo en los propios perjudicados por los cobros excesivos y, por tanto, no se cumple el sentido del fallo que es la devolución de lo que se ha cobrado en exceso", acotó.
La postura de la Suprema fue destacada por el senador Matías Walker (Demócratas), quien aseguró que "es lo correcto" por parte del máximo tribunal, ya que -aseguró- "no puede tener injerencia respecto de un proyecto de reforma constitucional cuya competencia obviamente es del Congreso Nacional".
"Por lo tanto, todas aquellas declaraciones en que el Gobierno pretendía atribuirse la vocería de la excelentísima Corte Suprema, quedaron absolutamente atrás". destacó el senador.
De todas maneras, el "proyecto alternativo" sobre isapres sigue generando división entre los mismos parlamentarios, dado que algunos consideran que incumple el fallo dictado en contra de estas entidades.
"Considero que el proyecto de los senadores Walker y Rincón, que si bien destaco, no cumple adecuadamente el fallo de la Corte Suprema y por eso yo llamo a los senadores y senadoras a buscar la fórmula de cómo incorporarlo -parcialmente o alguna de las visiones que tiene el proyecto es estos senadores- en el proyecto de ley corta presentado por el Gobierno", solicitó el diputado Tomás Lagomarsino.
Según el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, "el planteamiento de tener realismo financiero que la devolución de los 1.400 millones de dólares a los afiliados, claramente tiene poca viabilidad financiera".
