El Senado aprobó este miércoles la designación del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Manuel Antonio Valderrama Rebolledo como nuevo integrante de la Corte Suprema, en la vacante producida tras la salida del ministro Rubén Ballesteros.
Valderrama expuso este martes ante la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y hoy, en la Sala, hubo 30 votos a favor y una abstención (del senador Alejandro Guillier) para confirmar la nominación que realizó la Presidenta Michelle Bachelet de la quina propuesta por la Corte Suprema.
Manuel Valderrama es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile y posee 29 años de carrera en el Poder Judicial. Antes de ingresar a éste, fue asesor de la unidad de toma de razón de la Contraloría General de la República entre 1979 y 1982, y abogado del departamento jurídico de la Dirección del Trabajo entre 1982 y 1986.
Ingresó a la judicatura "como juez del Juzgado del Trabajo de Punta Arenas en 1986; luego fue juez del Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas, en 1995; fiscal de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, en 1998, y desde el 2006, ha sido ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago", consignó el Poder Judicial en su página web.
Los senadores destacaron el "mucho consenso" que generó la nominación de Valderrama. (Foto: UNO)
Además, "ha cumplido labores docentes en derecho procesal en las universidades de Magallanes, Alberto Hurtado, la Academia Judicial y la Escuela de Carabineros, planteles educacionales donde también ha cumplido labores relacionadas con la Reforma Procesal Penal", agrega la nota.
Los senadores que hicieron uso de la palabra en la sesión de hoy destacaron la "experiencia" y "trayectoria" de Valderrama, tanto en el ámbito académico como el propiamente judicial, así como el "mucho consenso" que generó su nominación, informó la página web del Senado.
Riggs: "Investigación compleja"
Valderrama asumió el año 2008 la investigación del caso Riggs, que indagaba las cuentas secretas de Augusto Pinochet en Estados Unidos y que, con antelación, había estado en manos de Sergio Muñoz y Carlos Cerda, ambos ministros actuales del máximo tribunal del país.
El mentado caso concluyó con seis oficiales en retiro del Ejército condenados por malversación de caudales públicos, pero sin miembros de la familia Pinochet sentenciados por la Justicia.
"Fue una investigación compleja", decía hace tres meses a Cooperativa el magistrado, resaltando que todos los delitos cometidos por los condenados "fueron en beneficio de Augusto Pinochet Ugarte".