La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos pidió al organismo intenarcional revisar la legalidad del plazo de cierre de las causas por crímenes cometidos durante la dictadura.
Un nuevo intento para impedir que este 25 de julio se cumpla el plazo de cierre de causas por violaciones a los derechos humanos emprendieron organizaciones de víctimas. La abogada Alejandra Arriaza anunció que se presentó un escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La jurista, miembro de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, detalló que la idea es que el tribunal analice la resolución que febrero pasado adoptó la Corte Suprema y declare finalmente su ilegalidad.
Con la resolución, la Suprema "se está arrogando facultades que la ley no le concede, ellos podrán dictar autos acordados, pero en ningún caso pueden entrar a modificar materias que son propias de la ley", dijo.
Arriaza agregó que "los plazos razonables están garantizados para que una investigación sea seria, para que pueda conducirnos a acreditar el hecho punible y la participación de los responsables".
Hasta el Palacio de Tribunales también llegó el diputado socialista Sergio Aguiló, quien se mostró partidario de eliminar el plazo para el cierre de los sumarios y permitir que los jueces especiales para estos casos cumplan su labor sin presiones de tiempo.
