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Defensor en la AC: "El ministro Rabat está convencido de que su interpretación fue correcta"

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| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Juan Ignacio Piña afirmó que, el liberar a pedófilos, el titular de Justicia se apoyó en "una jurisprudencia consistente de la Corte Suprema", que él mismo comparte.

Descartó que el máximo tribunal haya aplicado un "giro" reciente en su postura sobre los beneficios carcelarios: a lo más fue un "zig-zag", y derivado sólo de un cambio de integrantes en su Sala Penal.

Defensor en la AC:
 ATON / Derecho UC

"Éste no es un problema de si Rabat 'no dio la pelea hasta el final' (oponiéndose en tribunales a rebajar condenas). La Corte Suprema durante mucho tiempo dio señales bastante claras de cómo se interpretaba esto", insistió el expresidente del Consejo de Defensa del Estado.

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El ministro de Justicia, Fernando Rabat, respondió formalmente a la acusación constitucional presentada en su contra por las polémicas rebajas de condena a pedófilos y criminales de lesa humanidad, y cuestionó que los parlamentarios busquen acusarlo políticamente por no compartir diferentes interpretaciones que -sostuvo- pueden existir en una materia jurídica.

La respuesta fue redactada e ingresada el viernes al Congreso por el abogado que defenderá a Rabat ante el libelo: Juan Ignacio Piña, que coincidió con él en el Caso Riggs y, además, representó con éxito a la exministra Carolina Tohá cuando enfrentaba en octubre de 2024 una acusación impulsada por Republicanos.

En el escrito, de acuerdo con El Mercurio, Piña niega que Rabat haya incurrido en infracciones constitucionales y cuestiona que se pretenda establecer su responsabilidad política por decisiones adoptadas en materias donde existen distintas interpretaciones jurídicas posibles.

"Una interpretación que el máximo tribunal ha compartido en numerosos fallos podrá ser discutida, e incluso desestimada en definitiva; pero no puede calificarse de insostenible bajo todo método de interpretación sin calificar de igual modo a los jueces que la adoptaron", reza el documento.

Por lo tanto, "la cuestión que corresponde resolver no es si los acusadores (parlamentarios) comparten la interpretación jurídica adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sino si las actuaciones concretas que se imputan constituyen efectivamente una infracción de la Constitución Política o de las leyes que sea personalmente atribuible", afirma el texto. 

Sostuvo que no había expresa irretroactividad, pero sí jurisprudencia de la Suprema

Según consigna el diario, en contestación al capítulo uno de la acusación, Piña defiende que, en 2022, cuando se modificó la ley que regula las rebajas de condena y se excluyó del beneficio a sentenciados por pedofilia, no se determinó si dicho cambio era retroactivo o no. 

"No existe una norma que ordene aplicar la nueva exclusión a delitos cometidos antes de su vigencia. Existe, en cambio, una garantía constitucional que se aplicó (por Rabat) y una controversia jurisprudencial que el propio libelo reconoce", sostiene el escrito. 

Respecto al capítulo dos de la AC, que acusa a Justicia de rebajar condenas a criminales de lesa humanidad, el texto de la defensa respondió que la legislación no establecía una exclusión expresa para estos delitos y que el ministro carecía de atribuciones para incorporar esos requisitos adicionales.

El documento también destaca que los dos condenados cuyos decretos de rebaja fueron firmados por Rabat cumplieron cerca del 90% de sus respectivas penas privativas de libertad, por lo que "no hubo impunidad y sí hubo una señal de rehabilitación que la ley ordena considerar".

Además, cuestionó que los parlamentarios acusadores invoquen el Estatuto de Roma como fundamento para atribuir responsabilidad constitucional al ministro, puesto que el propio libelo "reconoce que no se aplica directamente a estos casos".

Por último, sobre el capítulo tres -que acusa a Rabat de dar datos errados, imprecisos y parciales cuando fue citado al Congreso-, la contestación sostiene que el desacuerdo se relaciona con el alcance de distintas disposiciones de la Ley 19.856 y no con la entrega deliberada de información falsa.

"Una conclusión jurídica extraída de una premisa normativa verdadera puede ser discutida; incluso puede ser errada, pero no es una mentira", plantea el documento.

Piña: Este no es un problema de Rabat dio o no la pelea hasta el final

En una entrevista a La Tercera, Piña señaló que ingresaron la contestación el viernes para cumplir con "una instrucción bastante clara del ministro: nos pidió que intentemos resolver esto rápidamente, porque es muy difícil abocarse a las tareas propias del Ministerio teniendo un foco de desatención, entre otras cosas".

El defensor de Rabat calificó de "satisfactorio" que la acusación se vote el 30 de noviembre -como está previsto- y consideró como "una posibilidad real" invocar la cuestión previa, pero aclaró que eso no está definido todavía y que deben evaluarlo. 

De todos modos, Piña sostuvo que "este no es un problema de si (el titular de Justicia) no dio la pelea hasta el final (oponiéndose en tribunales a rebajar las condenas). De alguna manera, la Corte Suprema durante mucho tiempo dio señales bastante claras respecto de cómo se interpretaba esto".

"El ministro tenía una jurisprudencia consistente de la Corte Suprema de la que tenía que hacerse cargo. Esa jurisprudencia acredita que su postura es una interpretación bastante plausible. Y no solo eso: es una interpretación de la que el ministro está convencido -y de la que yo también lo estoy- de que es la correcta", dijo el abogado. 

También expresó su desacuerdo sobre los parlamentarios que acusan que hubo un "giro" desde febrero en el criterio de los fallos de la Corte Suprema que atendían casos de rebajas de condena: "Ojalá dijeran zig-zag, sería más honesto (...). A pesar de que (Rabat) ya tenía unos fallos donde se empezó a resolver de una manera distinta y se empezaron a rechazar los amparos (ingresados por los condenados para disminuir su pena), él 'no acogió ese giro'. Lo que pasa es que en realidad aquí no asistimos a ningún 'giro'. Solo empezamos a ver un cambio en la integración de la Sala (Penal)".

Por lo tanto, "aquí hay dos interpretaciones perfectamente conformes con el texto legal y con los principios invocados. Yo no tengo ninguna duda de que una es mejor en Derecho que la otra, pero incluso llegando a la conclusión de que fueran 50 y 50, ¿cómo vamos a transformar en una infracción constitucional grave optar por una de esas dos interpretaciones legítimas? Ese es el problema de base", argumentó Piña.

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