Esta jornada se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares reales de Daniel Jadue en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, la cual fue solicitada por los querellantes.
Esta audiencia apunta a la disposición patrimonial del alcalde de Recoleta, y se fija con la finalidad de asegurar la existencia de bienes suficientes para, eventualmente, fijar una reparación o indemnización de un delito.
Desde la parte querellante señalaron que el alcalde se atribuyó poder y capacidad de negociación por un monto de más de 1.000 millones en insumos con su empresa y reclama la prohibición de celebrar actos de contrato por el delito de estafa a su representado César Ramírez, a tres departamentos, dos casas y un vehículo, avaluados en 549 millones de pesos, lo que corresponde a la mitad del perjuicio total.
La abogada querellante, representante de la empresa Best Quality SPA, Diana Venegas, indicó que "se quiere asegurar que no se transfieran esos inmuebles y así con el patrimonio del imputado se pueda pagar a nuestro representado el monto por el cual fue defraudado".
"Esta solicitud de medidas cautelares fue en especial fundamentada por el perjuicio sufrido por el delito de estafa, respecto al cual Best Quality solo es querellante", añadió.
La lectura de las medidas será este jueves, ya que la audiencia se suspendió para revisar los antecedentes.
Las dudas surgieron, además, porque hace unos días un notario visitó al jefe comunal en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
El abogado defensor Juan Carlos Manríquez explicó que "fue un simple error y una conjetura, es un notario que pedí yo mismo para un mandato que necesita el Tribunal Constitucional. La ley exige un mandato específico que no puede ser otorgado ni por escritura privada ni tampoco electrónicamente. Si uno va al TC sin un mandato de esa facultad, no va a prosperar su acción".
Asimismo, remarcó que no hay ningún hecho concreto que indique que él va a dilapidar o traspasar sus bienes.
La defensa, además, consideró que hay errores en cómo se construyó este caso, ya que es imposible sostener un fraude al fisco con una entidad privada, que es la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), con quienes están suscritos los contratos y no con Daniel Jadue como persona natural.
Finalmente, Manríquez reveló que ingresaron una petición a fin de que se reevalúe su prisión preventiva.
