La defensa de Daniel Jadue ingresó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago una solicitud para que revise la prisión preventiva que pesa sobre el alcalde de Recoleta, quien cumple este miércoles un mes desde que fue enviado al Anexo Penitenciario Capitán Yáber, como imputado por presunta corrupción en el caso Farmacias Populares.
Sus abogados, Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, buscan que se reevalúe la medida cautelar, la máxima del ordenamiento jurídico chileno, dictada el 3 de junio por el tribunal de primera instancia tras extensas audencias de formalización, y que luego fue ratificada por la Corte de Apelaciones.
"Que atendido el estado de la presente causa y el tiempo que nuestro representado se ha mantenido privado de libertad, venimos en solicitar se fije una audiencia en la cual se sustituya la medida cautelar de prisión preventiva (...) por una de menor intensidad, toda vez que los antecedentes que se tuvieron en vista al momento de ordenar esta medida, no sustentan hoy la aplicación de dicha cautelar", argumentan los juristas en el escrito, de acuerdo con La Tercera.
Relevaron asimismo que Jadue está a dos semanas de ser cesado de su cargo si permanece tras las rejas, puesto que, según establece la Ley de Orgánica de Municipalidades, si un alcalde llegase a ausentarse por 45 días, el Concejo Municipal deberá elegir a un suplente.
Por ello, piden que la audiencia para revisar la prisión "se fije con la mayor brevedad posible, preferentemente dentro de los próximos cinco días, toda vez que atendida la normativa, nuestro representado cesa en su cargo luego cuarenta y cinco días de incapacidad, generada por la medida cautelar que pesa sobre su persona, plazo que se cumple el 17 de julio".
En tanto, en la solicitud, los abogados del alcalde también solicitaron que certifique quiénes han comparecido en la causa, con vistas a recurrir ante el Tribunal Constitucional.
"Solicitamos disponer se certifique en la presente causa al tenor del artículo 79 inciso 2° de la Ley N° 17.997, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional". exhorta el documento.
Para la diputada comunista Alejandra Placencia, "se tienen que generar todas las instancias que le permitan acceder a un régimen ojalá en libertad, pero de lo contrario, a una medida cautelar menos gravosa. Seguimos pensando que es desmedida la prisión preventiva".
Su correligionaria y colega Carmen Hertz complementó que "si continúa en prisión preventiva el 18 de julio, pierde su calidad de alcalde, y se desconoce la representación y soberanía popular. Se estaría vulnerando de manera irreparable su derecho a la participación política".
El entorno cercano al excandidato presidencial comunista prepara acciones internacionales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Relator Especial de las Naciones Unidas para las Detenciones Arbitrarias.
