Un nuevo revés judicial sufrió el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera este miércoles mantenerlo en prisión preventiva, medida que cumple desde hace 10 días en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber tras ser formalizado por presunta corrupción al mando de las Farmacias Populares.
En su recurso, ingresado recién el sábado, la defensa había solicitado revocar la cautelar -dictada por el Tercer Juzgado de Garantía-, planteando que es excesiva, dado que supuestamente "no existen antecedentes calificados" para ello. También aludió a las "graves enfermedades" que padece la madre del jefe comunal, de 80 años, "todas las que, sin duda, pueden empeorar con la privación de libertad" de éste.
Argumentos que desestimó esta jornada la Cuarta Sala del tribunal de alzada santiaguino, en una audiencia que se extendió desde las 09:00 de la mañana.
"Se tiene presente que la precisión de los hechos de la formalización, los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia, los elementos de juicio descritos por los intervinientes y citados en la resolución en alzada, son suficientes para desvirtuar las alegaciones del recurrente en orden a que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas", estableció la Corte.
"En primer lugar -ahondó la resolución- porque existen indicios suficientes del concierto entre los diversos partícipes del actuar delictual y, en segundo término, porque igual los antecedentes llevan a presumir fundadamente que intervino, desde su posición predominante, tanto como alcalde de la Municipalidad de Recoleta como de presidente de la Achifarp, en el abuso de la estructura organizacional para fines ilícitos, como en el mal uso de los recursos fiscales".
DEFENSA DE JADUE SE BASA EN "APRECIACIÓN PARCIAL" DE ANTECEDENTES
El tribunal puntualizó que, "en cuanto a los restantes argumentos del recurrente, para sostener su tesis alternativa, ésta se construye sobre la base de una apreciación parcial de la evidencia reunida en la carpeta investigativa, soslayando el cúmulo de antecedentes, de diversa naturaleza, que han sido pormenorizados en las distintas etapas de discusión de este procedimiento, acorde al estado de la investigación penal".
En la apelación, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, cuestionó que la imputación que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se basa en que "ha creído ciegamente la versión de dos testigos que tenían una evidente ganancia secundaria", que pertenecían a la empresa Best Quality, que había provisto insumos médicos a la Achifarp.
La resolución de hoy, sin embargo, sostuvo que, "en cuanto a los delitos de estafa y cohecho, no es efectivo que solo exista la versión de dos testigos -cuya credibilidad cuestiona la defensa- desde que existen más elementos de juicio, como son los informes periciales, fotografías y los dichos de otros deponentes, que corroboran los presupuestos materias de tales ilícitos".
La Corte resolvió de igual manera respecto a Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Achifarp, también en prisión preventiva.
De esta manera, ratificó el razonamiento del Juzgado de Garantía, dado que "el número de delitos imputados, los bienes jurídicos protegidos, la sanción legal probable, la calidad funcionaria de los imputados, todo lo cual permite concluir que estos antecedentes calificados determinan que la única medida que resulta proporcional a los fines del procedimiento es la prisión preventiva".
"Además, este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue Jadue reviste aun un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima en la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal", concluyó la Corte de Santiago.
PRISIÓN PREVENTIVA "SE AJUSTA AL ESTÁNDAR", VALORÓ QUERELLANTE
"Es una medida que se ajusta al estándar, teniendo en consideración la cantidad de delitos y la gravedad de estos. Estamos conformes", valoró el abogado Mario Vargas, que representa a la empresa Best Quality, uno de los primeros querellantes en la causa.
Relevó que "en los antecedentes de la carpeta se establece claramente que (el alcalde) tuvo participación culpable en los delitos que se le imputan, y además es un peligro para la seguridad de la sociedad y para la investigación".
Asimismo, el abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Daniel Martorell, indicó que "se volvió a hacer una revisión exhaustiva de todos los antecedentes, y por unanimidad la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del juez, por lo tanto, existen cuatro jueces que han determinado la procedencia de la prisión preventiva".
Por su parte, el fiscal Marcelo Carrera remarcó que "los antecedentes dan cuenta de la comisión de los delitos y de la participación de los imputados Jadue y Muñoz en estos hechos. Y, en ese sentido, la Corte viene a corroborar lo que ya se había resuelto en primera instancia. Desde ya nosotros descartamos de plano cualquier hecho que tenga que ver algún tipo de manipulación en relación con la comisión de algún hecho constitutivo político, algún grado de persecución".
SOLICITARÁN NUEVAS DILIGENCIAS
El abogado de Jadue, tras la audiencia, expresó que "creemos que, sin lugar a dudas, los fines de este procedimiento se pueden cautelar con una medida cautelar distinta a la prisión preventiva. Creemos que esta es excesivamente gravosa, injustificada y desproporcionada, y vamos a intentar cambiarla a la brevedad posible con nuevos antecedentes ante el Juzgado de Garantía".
En esta línea, apuntó que "vamos a solicitar algunas diligencias, antecedentes, que permitan exponer de mejor forma ante el Juzgado de Garantía que Daniel Jadue no es un peligro para la sociedad, que no hay ningún riesgo de reiteración y que efectivamente lo que ocurre con esta prisión preventiva es que se decreta una pena anticipada -creemos- sin fundamento y sin analizar una cuestión que es muy relevante, que son todos los documentos, peritajes y antecedentes de la investigación que se presentaron por la defensa".
Jadue está formalizado por las figuras penales de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al Fisco, que habrían tenido como principal víctima a la Municipalidad de Recoleta. Muñoz, en tanto, por los delitos de cohecho cometido por empleado público, administración desleal, fraude al Fisco reiterado y malversación de caudales públicos.
La cautelar dictada contra el exprecandidato presidencial, la más gravosa en el ordenamiento jurídico chileno, ha sido tachada como "prisión política" por voces afines, sobre todo en el Partido Comunista donde milita, e incluso internacionales, como el exmandatario boliviano Evo Morales. Una hipótesis de la que se han desmarcado la directiva del PC, el oficialismo en general y el Gobierno, que mantiene a tres ministros comunistas.
"Puedo tener una opinión respecto al uso de la prisión preventiva en los últimos años en democracia y cómo ésta se ha utilizado en términos generales, (pero) no voy a hablar de un caso en específico: creo que las instituciones en Chile funcionan y que no hay persecuciones políticas judiciales (...) Yo confío en la justicia chilena y estoy convencido de que acá no hay ningún tipo de persecución política", dijo el Presidente Gabriel Boric la semana pasada.
