El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la suspendida ministra Ángela Vivanco en la causa penal por la "trama bielorrusa" -derivada del caso audios-, aseguró que si el Ministerio Público accede a la solicitud de la Corte Suprema de entregarle una copia de los chats que vinculan a la magistrada con el penalista Luis Hermosilla estaría cometiendo un delito.
La defensa de Vivanco envió en la víspera sendos escritos a la Suprema y al fiscal nacional, Ángel Valencia, donde argumenta que la petición del máximo tribunal "infringe el ordenamiento jurídico" y que no debería concretarse.
La Suprema y su Comisión de Ética, cuya indagatoria fundó la decisión del Pleno de abrir un cuaderno de remoción este lunes, dentro de un proceso disciplinario y administrativo, "son legalmente terceros ajenos a una investigación penal", como la que lleva que la Fiscalía Regional de Los Lagos por la "trama bielorrusa", dijo Manríquez en entrevista con El Diario de Cooperativa.
"El Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público señalan que si un fiscal le entrega a un tercero evidencia recolectada en una investigación penal, es un delito, violación de secreto", apuntó el jurista, enfatizando que "sería un contrasentido que se le pida al fiscal nacional cometer un ilícito entregándole a una instancia administrativa evidencia que ni la propia parte, a la cual le afecta, tiene".
De hecho, Manríquez dijo que ya le solicitaron a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que investiga el caso audios, una copia de los chats que involucran a Vivanco con el abogado Luis Hermosilla, pero aún no la reciben.
En ese marco, planteó hacer "un control cruzado: entréguennos al mismo tiempo a nosotros lo que les quieren entregar a terceros, y así evitamos la sospecha de que hay el famoso cherry picking, que tal o cual evidencia está incompleta o se comienza a gotear como un veneno, filtrando unas por otras con un ánimo distinto al de hacer justicia".
El abogado, que también representa al exalcalde Daniel Jadue -imputado por corrupción en el caso Farmacias Populares- y al exdirector de la PDI Sergio Muñoz Yáñez -la primera autoridad que cayó tras destaparse el caso audios-, entre otros, subrayó que abogan por que haya "igualdad de armas (jurídicas), debido proceso, respeto de garantías de quien sea, por muy graves que sean los hechos, y sobre todo en estos (los acusados a Vivanco), que requieren claridad completa y absoluta porque es de la mayor relevancia para la institucionalidad del país".
"SE ENTIENDE QUE LA SUPREMA YA DECIDIÓ SACARLA SIN OÍRLA"
Aunque no representa a Vivanco en la causa administrativa en la Suprema, rol que cumple el abogado Cristóbal Osorio, Manríquez cuestionó que, con base al comunicado con que el Pleno anunció la apertura de un proceso de remoción, "se entiende como que ya adoptó la decisión de sacarla del Poder Judicial sin oírla ni poder confrontar los seis hechos" que se le acusan.
"Probablemente todos malentendimos que cuando la Corte dice que está abriendo un proceso para que alguien se defienda, en realidad ya se había adoptado anticipadamente la decisión -cualquiera sea su respuesta- de removerla, y eso no es admisible en un Estado democrático y de derecho", sostuvo Manríquez, que hizo hincapié en que incluso "se nos ha comentado que en ese Pleno hubo algunos (ministros) de la opinión de que 'no hay nada que decir, simplemente expulsémosla' ".
En el proceso disciplinario se señala a Vivanco por seis presuntas irregularidades, una de ellas en la tramitación de un conflicto judicial del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec Spa con la estatal Codelco, y donde se terminó fallando en favor de la empresa privada.
"¿Es ella la que cambió los fallos cuando intervienen siete ministros, cuatro abogados integrantes, y se ve en instanciad distintas? ¿Y si quien decía que estaba siendo tratado injustamente no presentó la inhabilidad, la recusación, la implicancia, o si las presentó fueron rechazadas por otros ministros? ¿Y aun así otros magistrados mantuvieron el fallo?", inquirió Manríquez.
"Puede ser que haya sospechas, pero deben hacerse cargo de probar todas las circunstancias más allá de la conjetura. Lo que se ha afirmado es que ella benefició a una parte cambiando unos fallos, y quien lo afirma debe probarlo", concluyó.
PLENO DE LA SUPREMA RECHAZÓ SOLICITUDES DE VIVANCO
En tanto, esta mañana volvió a sesionar de manera extraordinaria el Pleno de la Suprema para abordar sus tres solicitudes en torno al cuaderno de remoción: ampliar el plazo para presentar su informe de 20 días corridos a 20 días hábiles, anular la solicitud del máximo tribunal a la Fiscalía para recibir sus chats con Hermosilla, y poder acceder a una copia del expediente de la Comisión de Ética.
Finalmente, todas estas peticiones fueron rechazadas.
Tras conocer la determinación, Manríquez advirtió que, "conforme a las reglas del debido proceso, al derecho de confrontación y a tener acceso a toda la evidencia, más allá de que le entreguen su sola declaración -lo cual se parece mucho al antiguo proceso penal-, nos deja en una situación bastante compleja, difícil y a su vez, prácticamente imposible, porque si la convicción del Pleno de abrir un cuaderno de remoción se basa en antecedentes que la afectada no puede conocer ni confrontar, ¿cómo se puede llevar adelante una defensa eficiente y efectiva?".
La mañana de este jueves, Vivanco reapareció públicamente en la Casa Central de la Universidad Católica, adonde acudió para acompañar a su hija a rendir su examen de grado en la carrera de Derecho. Sin embargo, frente a las preguntas de la prensa, la suspendida ministra insistió: "No voy a dar ninguna declaración, las dan mis abogados".
Llamó la atención que, a pesar de también estar suspendida de sus labores académicas en esa casa de estudios, hizo ingreso a la misma con su credencial.
CELULAR RESETEADO DEL FISCAL PALMA, TAMBIÉN INVESTIGADO
En paralelo, también se sumó al escándalo la situación del fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, puesto que en la víspera se supo que su celular había sido reseteado antes de que le fuera requisado por Carabineros, en medio de la investigación derivada de la "caja de Pandora" de Luis Hermosilla.
Palma es indagado por los posibles delitos de tráfico de influencias y violación de secreto, enmarcados en las comunicaciones que mantuvo con Hermosilla y un ofrecimiento que recibió del también abogado Gonzalo Migueles -esposo de Vivanco-, quien presuntamente trató de influir en la última carrera por el cargo de fiscal nacional.
Sobre el futuro que podría depararle a Palma, el exfiscal José Antonio Villalobos consideró que "es grave si es efectiva esta situación, porque finalmente lo que buscaba la Fiscalía en la investigación era encontrar y corroborar ahí (en el teléfono) datos que estaban siendo objeto de la investigación".
"¿Qué puede ocurrir con su situación procesal? Va a depender en el fondo de la fiscal que lleva el caso, el analizar cuáles son las consecuencias directas de esta eventual manipulación del aparato tecnológico que se entregó. Además, respecto de las autoridades del Ministerio Público, podrán también adoptar algunas sanciones similares, en términos preventivos, como la que ocurrió con la ministra Vivanco", explicó.
