El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la suspendida ministra Ángela Vivanco en la causa penal por la "trama bielorrusa" -derivada del caso audios-, aseguró que si el Ministerio Público accede a la solicitud de la Corte Suprema de entregarle una copia de los chats que vinculan a la magistrada con el penalista Luis Hermosilla estaría cometiendo un delito.
La defensa de Vivanco envió en la víspera sendos escritos a la Suprema y al fiscal nacional, Ángel Valencia, donde argumenta que la petición del máximo tribunal "infringe el ordenamiento jurídico" y que no debería concretarse.
La Suprema y su Comisión de Ética, cuya indagatoria fundó la decisión del Pleno de abrir un cuaderno de remoción este lunes, dentro de un proceso disciplinario y administrativo, "son legalmente terceros ajenos a una investigación penal", como la que lleva que la Fiscalía Regional de Los Lagos por la "trama bielorrusa", dijo Manríquez en entrevista con El Diario de Cooperativa.
"El Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público señalan que si un fiscal le entrega a un tercero evidencia recolectada en una investigación penal, es un delito, violación de secreto", apuntó el jurista, enfatizando que "sería un contrasentido que se le pida al fiscal nacional cometer un ilícito entregándole a una instancia administrativa evidencia que ni la propia parte, a la cual le afecta, tiene".
De hecho, Manríquez dijo que ya le solicitaron a la Fiscalía Metropolitana Oriente, que investiga el caso audios, una copia de los chats que involucran a Vivanco con el abogado Luis Hermosilla, pero aún no la reciben.
En ese marco, planteó hacer "un control cruzado: entréguennos al mismo tiempo a nosotros lo que les quieren entregar a terceros, y así evitamos la sospecha de que hay el famoso cherry picking, que tal o cual evidencia está incompleta o se comienza a gotear como un veneno, filtrando unas por otras con un ánimo distinto al de hacer justicia".
El abogado, que también representa al exalcalde Daniel Jadue -imputado por corrupción en el caso Farmacias Populares- y al exdirector de la PDI Sergio Muñoz Yáñez -la primera autoridad que cayó tras destaparse el caso audios-, entre otros, subrayó que abogan por que haya "igualdad de armas (jurídicas), debido proceso, respeto de garantías de quien sea, por muy graves que sean los hechos, y sobre todo en estos (los acusados a Vivanco), que requieren claridad completa y absoluta porque es de la mayor relevancia para la institucionalidad del país".
"SE ENTIENDE QUE LA SUPREMA YA DECIDIÓ SACARLA SIN OÍRLA"
Aunque no representa a Vivanco en la causa administrativa en la Suprema, rol que cumple el abogado Cristóbal Osorio, Manríquez cuestionó que, con base al comunicado con que el Pleno anunció la apertura de un proceso de remoción, "se entiende como que ya adoptó la decisión de sacarla del Poder Judicial sin oírla ni poder confrontar los seis hechos" que se le acusan.
"Probablemente todos malentendimos que cuando la Corte dice que está abriendo un proceso para que alguien se defienda, en realidad ya se había adoptado anticipadamente la decisión -cualquiera sea su respuesta- de removerla, y eso no es admisible en un Estado democrático y de derecho", sostuvo Manríquez, que hizo hincapié en que incluso "se nos ha comentado que en ese Pleno hubo algunos (ministros) de la opinión de que 'no hay nada que decir, simplemente expulsémosla' ".
En el proceso disciplinario se señala a Vivanco por seis presuntas irregularidades, una de ellas en la tramitación de un conflicto judicial del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec Spa con la estatal Codelco, y donde se terminó fallando en favor de la empresa privada.
"¿Es ella la que cambió los fallos cuando intervienen siete ministros, cuatro abogados integrantes, y se ve en instanciad distintas? ¿Y si quien decía que estaba siendo tratado injustamente no presentó la inhabilidad, la recusación, la implicancia, o si las presentó fueron rechazadas por otros ministros? ¿Y aun así otros magistrados mantuvieron el fallo?", inquirió Manríquez.
"Puede ser que haya sospechas, pero deben hacerse cargo de probar todas las circunstancias más allá de la conjetura. Lo que se ha afirmado es que ella benefició a una parte cambiando unos fallos, y quien lo afirma debe probarlo", concluyó.
