El abogado Roberto Ávila, militante del Partido Socialista (PS), quien en 2011, presentó una querella en el caso por la muerte del Presidente Salvador Allende, lanzó fuertes críticas contra la estrategia adoptada por la hija y la nieta del Mandatario en la investigación penal sobre la fallida venta de la casa del Presidente.
En conversación con La Tercera, el abogado, con respecto a la decisión de la hija de vender la casa, dijo que "claramente no debió hacer eso, ya que estaba la memoria de su padre de por medio, estaba en juego".
"Salvador Allende tiene más de dos mil monumentos, facultades de medicina, pueblos, plazas, avenidas, barcos, hospitales con su nombre y en su memoria en todo el mundo. Miles de casas de chilenos humildes tienen su foto, no era necesario acceder a esa venta", añadió el letrado.
Además, se refirió a la postura de "echarle la culpa de esto a los abogados", indicando que "le suena más bien a un poquito a excusa". Sin embargo, también apuntó a la responsabilidad de los abogados en el caso: "Si ellos visaron eso es porque no leyeron el contrato o no tenían idea de derecho... de criterio jurídico ¡Ni hablar! Pero siguen ahí, con sus sueldos millonarios, porque los apitutados en el Estado de Chile son una legión".
Ávila sugiere que la casa debió darse en comodato. "Su padre dio la vida por sus ideas, muchos otros hicieron ese mismo sacrificio. La senadora y la ministra han ganado muchos millones del Estado como funcionarias públicas, pueden hacer ese renunciamiento y no es que por no vender esa casa vayan a quedar las dos en la calle", comentó el profesional.
También, indicó que "quizás podría transformarse en una biblioteca llena de todo lo que dijo o escribió, además de toda la literatura universal que hay sobre lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. Como museo, le digo altiro que en esa casa hay muy poco que ver, por eso no se entiende ese alto precio que se quería cobrar".
Además, señaló que la senadora Allende debería renunciar no sólo a su cargo en el Estado, sino que también debería intentar quitarle la connotación política al caso y llevarlo al fuero común.
Por último, dijo que "debería defenderse un poco mejor, cuando se hizo la resciliación del contrato validaron la compraventa e infringieron nuevamente la prohibición constitucional y legal... lo más grave es que con eso se configura un delito de negociación incompatible".