El abogado Juan Pablo Hermosilla, quien asumió la defensa de su hermano Luis Hermosilla, esbozó que podría haber delito en las prácticas que reveló el audio filtrado que vincula al prestigioso jurista con presuntas coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), pero apuntó la necesidad de investigar también la "grotesca" filtración del registro, que a su juicio responde a una "maniobra política".
"Es una causa muy complicada, que admite distintos escenarios", apuntó en una entrevista con radio Biobío.
Planteó que del escándalo se desprenden dos aristas que deberían ser "fácil de investigar": el primero, "de si hubo o no delito, si hubo o no hubo corrupción, lo que sea que se evalúe de esa grabación".
En este marco, aunque dijo no conocer aún detalle del caso, pues recién esta semana está conociendo el tema, admitió que "es probable, puede ser que haya comisión de delito".
El segundo plano, continuó, "es: ¿qué es esto? Esta sensación de que alguien tuvo acceso a esta información, vaya uno a saber cómo, y la usa con otros fines, no con el fin altruista de 'oye, que se sepa', porque si no, se sabría la fuente".
Sostuvo que "estas denuncias anónimas, normalmente, dan cuenta de operaciones complejas: de hecho, yo he tenido información de personas allegadas a medios de comunicación, a periodistas, que me han indicado que aquí hay personas vinculadas al mundo político que habrían tenido acceso a estas grabaciones y que las habrían tomado y ellos las habrían lanzado al mercado".
"NO TIENE SENTIDO" IMPUGNAR AUDIO COMO PRUEBA
Consultado sobre si impugnarán el audio -grabación de una reunión privada de su hermano con su colega Leonarda Villalobos y el cliente de ambos, el empresario Daniel Sauer- como medio de prueba en la investigación, dijo tener "la impresión de que no tiene mucho sentido". Pero, puntualizó, "no me cobren la palabra porque recién entro ayer (el martes, tras la filtración) en el caso".
Con todo, Juan Pablo Hermosilla prometió una "colaboración activa" en la indagatoria, "sin violar el secreto profesional", dado el contexto en que se desarrolló el encuentro que fue registrado en el audio.
"Mi impresión es que ya hay un daño hecho, un daño al Estado de derecho porque se ventilen estas conversaciones, hay un daño objetivo al caso y a los intereses del cliente de mi hermano, y creo que se produce un daño social, esta sensación de inseguridad de que están ocurriendo cosas rarísimas por debajo, y creo que desde ese punto de vista no tiene sentido impugnarlo. Nosotros podríamos querellarnos por el delito evidente que hay ahí, pero creo que no tiene sentido, por eso digo que la posición nuestra va a ser (...) colaborar con la investigación", explicó.
Por otro lado, expuso que "hay un tema del cual se habla poco y es el tema de la corrupción como sistémica que hay en los casos de delitos económicos o cosas de ese estilo".
"De todos los ángulos que uno pueda imaginarse: hay corrupción de que son empresarios o abogados, a veces, que inducen la corrupción; hay otros casos de funcionarios públicos que ellos toman la iniciativa de la corrupción; hay corrupciones blandas hay intermediarios que operan, pero esto es una cuestión que yo creo que ha sido histórica en Chile y yo creo que hay que tratar de terminarla", recriminó.
El martes, horas después de la publicación de la grabación en Ciper Chile, el Ministerio Público anunció la apertura, de oficio, de una investigación penal. Ayer, en el día siguiente, el SII y la CMF confirmaron que presentarán una denuncia por los delitos de soborno y cohecho en contra de Luis Hermosilla, Daniel Sauer y Leonarda Villalobos.
El Colegio de Abogados también abrió una indagatoria de oficio contra Hermosilla, a fin de esclarecer los hechos y "aplicar eventuales sanciones".
En su primera declaración pública, Hermosilla acusó que es objeto de "una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo", y desmintió el pago de coimas. También tachó como un delito la "grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional", práctica que -aseguró- pone "en juego el estado de derecho y el rol de los abogados".
