Allanados gobiernos regionales de Antofagasta y Maule y oficinas de dos fundaciones

La Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI realizó este martes allanamientos en dependencias de los gobiernos regionales de Antofagasta y del Maule y de las fundaciones Procultura y Urbanismo Social, en otro capítulo del caso convenios que sacude a la política y autoridades.

Las diligencias fueron solicitadas por la Fiscalía Regional de Antofagasta, a cargo de todas las indagatorias relacionadas dado que el escándalo surgió en esa zona, tras conocerse los tratos suscritos por la Seremi de Vivienda y Urbanismo con la organización Democracia Viva, que involucró a militantes del oficialista Revolución Democrática, caso que abrió la "Caja de Pandora" para conocer situaciones similares en otras regiones del país, que salpican a Seremis y también a gobiernos regionales.

Por ello, detectives ejecutaron órdenes de entrada y registro en el GORE de Antofagasta y en el domicilio de Procultura, en Las Condes (Región Metropolitana), señalada por un convenio con el primero por 629 millones de pesos para un programa de recuperación de fachadas, asignados por trato directo, pese a que el giro de actividades la organización distaba de esa labor.

También hubo allanamientos en la oficina de Urbanismo Social en Talca: la organización es indagada por convenios con la Seremi de Vivienda del Maule y por "eventuales irregularidades" en aportes recibidos -148 millones de pesos- por parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) del Biobío.  

En ese marco, el fiscal antofagastino Cristián Aguilar igualmente solicitó registrar las dependencias del Gobierno Regional del Maule, diligencia que fue realizada hoy por la PDI.

El objetivo fue "recabar información útil para determinar la existencia o no de eventuales delitos en la asignación o ejecución de proyectos sociales con fondos públicos", explicó la Fiscalía en una comunicado.

La Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas las de Arica, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. En paralelo, la Contraloría General de la República ha recibido 172 denuncias por presuntas irregularidades en transferencias de recursos de Seremis o gobiernos regionales a fundaciones.