"De lo que estamos hablando es de una grieta donde parece que se está colando ese virus de la corrupción", advirtió Jorge Bermúdez ante la Comisión de Vivienda del Senado.
El fiscalizador propuso ocho medidas para consagrar "una regulación un poquito más marco y más permanente el sistema de transferencias".
La Contraloría General de la República (CGR) ha recibido 172 denuncias por presuntos traspasos presuntamente irregulares de recursos de seremias o Gobiernos Regionales (GORE) a fundaciones.
Así lo informó este martes el contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión de Vivienda del Senado, que abordó la fiscalización del organismo en materia de traspaso de recursos fiscales por convenios del Estado con fundaciones.
"En el fondo, aquí de lo que estamos hablando es de una grieta donde parece que se está colando ese virus de la corrupción. Hay una falla que alguien la vio. Antes eran las compras públicas, después la obra pública y resulta que ahora son las transferencias", dijo el funcionario.
Desde que estalló el caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta y que involucraba a militantes de Revolución Democrática (RD) producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.
Por una parte el Gobierno indaga todas las relaciones de fundaciones privadas con el Ejecutivo central desde los últimos cinco años, lo que incluye la anterior legislatura de Sebastián Piñera (2018-2022).
Por otra parte, la Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas las de Arica, O'Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos.
En el centro del debate hay ahora varias propuestas para fiscalizar las instituciones sin fines de lucro, cuyas regulaciones son débiles y acusan falta de transparencia en el uso de los recursos públicos.
En tal sentido, ante los legisladores de la comisión presidida por el socialista Fidel Espinoza, Bermúdez propuso ocho medidas para mejorar el sistema, agrupadas en tres grupos: corto plazo, mediano y largo plazo.
"Pensamos que acá lo que se requeriría sería una regulación un poquito más macro y más permanente respecto a las transferencias del Estado, tal como existe en otras partes", sostuvo Bermúdez.
Lo anterior, porque en la actualidad "lo que hace la Contraloría es una auditoría de cumplimiento. La pregunta que se tiene que hacer es: ¿Se cumplieron o no las normas? Pero si hay pocas normas, o estas tienen grietas, evidentemente tenemos un problema, porque en el fondo, si hay poca normativa o la densidad normativa es baja, tampoco hay que pensar que necesariamente habrá grandes hallazgos. A uno le puede aparecer algo que a todas luces es poco ético, pero no necesariamente eso va a ser una ilegalidad o un incumplimiento de la normativa".
Respecto a las ideas a corto plazo, el contralor sugirió, primero, eliminar las expresiones "corrientes a instituciones privadas" del artículo 23 de la Ley de Presupuestos, lo que -según Bermúdez- permitiría que se apliquen reglas de suscripción de convenios, metas, plazos instructivos, garantías y sujeción de transferencias a estados de avances, deberes de información y otros, a todos los receptores de fondos públicos, incluyendo organismos de derecho privado.
En segundo lugar, recomendó que se dicte por el Ministerio de Hacienda un instructivo de aplicación general respecto del contenido de los convenios de transferencia, para garantizar que los recursos públicos transferidos sean destinados efectivamente al objetivo para el que fueron asignados, así como su restitución, en caso contrario.
Como tercer punto, Bermúdez abogó por establecer la obligación de rendición de cuentas a través de la plataforma Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas (Sisrec) de la Contraloría.
En cuarto lugar, y cómo último ítem a corto plazo, pidió que se exija en los convenios la constitución de garantías a partir de determinados montos transferidos, así como la aplicación de sanciones en caso de mala utilización de los recursos.
En relación con las medidas a mediano plazo, Bermudez señaló que es necesario aplicar el estatuto de probidad de la nueva ley de compras públicas a los destinatarios de transferencias y, asimismo, fortalecer el registro de la ley N°19.862, facilitar su interfaz, establecer su interoperabilidad y generar reportes sobre las transferencias recibidas.
A largo plazo, en tanto, el contralor afirmó que se debe crear una nueva ley sobre transferencias del Estado, retomando las minutas presentadas por la Contraloría a Hacienda en 2020 y el documento de trabajo interno "Manual de Transferencias de Recursos Públicos" y, por último, diseñar un sistema de información en que se plasmen todas las transferencias de recursos que realiza el Estado a entes privados.
Finalmente, desde el Gobierno, la vocera Camila Vallejo sostuvo que "lo que tenemos en algunos casos en que hay fondos, asignaciones directas reguladas por glosas presupuestarias o por las que están normadas a nivel de Gobierno Regional que pueden ser muy laxas y, por lo tanto, no necesariamente se producen incumplimientos a la normativa sino que la normativa es muy débil. Esas son cosas que necesitamos mirar, observar para mejorar y que no tengamos espacio a dudas de que con los recursos de todos los chilenos y chilenas se vaya eventualmente a cometer un ilícito o una apropiación indebida de los recursos que son de todos los chilenos y chilenas".
