La auditoría externa encargada por la Municipalidad de Las Condes detectó "errores administrativos" en el proceso de compraventa de inmuebles para completar el terreno destinado a la construcción de un nuevo Centro de Salud Familiar (Cesfam), el tercero de la comuna.
El cuestionamiento inició en marzo de este año a raíz de una denuncia que hicieron los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Sergio Melnick (ind-Republicanos), Leonardo Prat (ind-Republicanos) y Patricio Bopp (ind) en el Ministerio Público, y otra de Catalina Ugarte (Republicanos) ante la Contraloría General de la República.
El caso tuvo un hito a fines de mayo cuando la Policía de Investigaciones allanó las oficinas del municipio que lidera la alcaldesa Daniela Peñaloza (UDI), quien confirmó que cuando supo de las denuncias encargó una auditoría.
El proceso señalado contempló 10 compras de inmuebles para la obtención de un paño donde se levantaría el Cesfam, y donde participó la gestora inmobiliaria y administradora patrimonial Vulcon Asset Management SpA, del extenista Paul Capdeville.
La presunta irregularidad apunta a la adquisición de la "Casa 10" por 852 millones de pesos, prácticamente el doble del valor pagado por otras propiedades de similares características.
Según El Mercurio, la auditoría de los estudios de abogados Albagli Zaliasnik y Gómez, Pallavicini & García expuso que "al haber adoptado la decisión de comprar cada casa directamente a sus propietarios, al valor que ellos habían promesado con Vulcon, se fue generando un saldo a favor de ésta, dado por la diferencia de valor entre el precio de las compraventas versus lo acordado pagar a Vulcon por el paño, como un todo".
Una diferencia que "se habría pagado mediante el aumento del precio de la 'Casa 10', cumpliendo por esta vía y los otros mecanismos contemplados en el contrato suscrito con Vulcon, con el pago del valor acordado entre las partes", sostuvo.
"ERRORES"
La revisión planteó, primero, que "no existen inconvenientes jurídicos para que la Municipalidad de Las Condes haya decidido construir un tercer Cesfam, pues una de las tareas municipales es velar por la salud pública".
Pero "existieron errores administrativos en el proceso de adquisición de algunos inmuebles que configuran el terreno (...), lo cual pudiera generar responsabilidad administrativa para los involucrados", que deberá "resolver privativamente la municipalidad en el ámbito de sus potestades sancionadoras".
Hubo una serie de falencias en el proceso, como "la falta de aplicación de mecanismos que se han de tener a la vista para llevar a cabo este tipo de operaciones, en consideración a los dictámenes de la Contraloría General de la República, la normativa jurídica y las buenas prácticas aplicables".
El informe expuso ocho conclusiones:
- que "durante el proceso de adquisición de algunos inmuebles, que configuran el terreno para su construcción, existieron errores administrativos";
- que se identificaron "problemas de coordinación entre las distintas jefaturas de las unidades de la municipalidad que participaron del proceso";
- que también "la existencia de falencias administrativas", como "la falta de licitación o fundamentación del trato directo y la ausencia de tasaciones comerciales";
- que se constató "una falta de coincidencia entre las cartas ofertas de compra y venta y el contrato de corretaje celebrado con la empresa Vulcon";
- que los concejales "sí tuvieron conocimiento del proceso de adquisición", sin perjuicio de conocer los detalles;
- que "la adquisición de las propiedades se ajustó al presupuesto aprobado por el Concejo Municipal, no identificándose (...) la configuración de ilícitos en este sentido";
- que tampoco "existiría delito de falsificación documental por parte de quienes participaron de la redacción del acta del Concejo Municipal, por medio de la cual se adoptó la decisión de adquirir los inmuebles",
- y que "todas las operaciones de compraventa de inmuebles fueron revisado por el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y debidamente inscritas por este último".
DOS RENUNCIAS
A través de un live en Instagram, la alcaldesa Peñaloza comentó que "la auditoría da cuenta de errores administrativos, pero también quiero ser súper clara, no de delitos".
Existió "un problema de falta de coordinación de las unidades internas", y hubo cambios en los precios de las últimas propiedades adquiridas, "que no conocía (...)no fui consultada ni tampoco fui informada".
En el allanamiento de mayo, la PDI se llevó los computadores y teléfonos del secretario municipal, Jorge Vergara; del director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Alejandro Contreras; y del secretario general de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, Ricardo Gutiérrez; y del director jurídico, Patricio Navarrete. La jefa comunal también entregó el suyo "en forma voluntaria".
El proceso ya tuvo sus primeras consecuencias: Contreras presentó su renuncia la semana pasada, afirmando que fue "acusado injustamente por cuatro concejales", lo que "daña irreparablemente las confianzas necesarias" y su "honra".
Ayer, además, la alcaldesa le pidió la renuncia anticipada a Navarrete, que estaba en proceso de tramitación de su retiro.
Peñaloza confirmó que los antecedentes ya fueron derivados al Concejo Municipal, a la Contraloría y a la Fiscalía.
