Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma no descartan sumar al libelo la entrega de recursos del GORE a Horizonte Ciudadano, fundación de Bachelet.
En Concepción, los diputados Sergio Bobadilla, Flor Weisse y Juan Antonio Coloma, todos de la Unión Demócrata Independiente (UDI), ingresaron este jueves una querella para investigar eventuales vínculos políticos en la asignación de convenios entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Biobío y la fundación Urbanismo Social, ligada a militantes de Revolución Democrática (RD).
Apuntan a la adjudicación, por trato directo, de 148 millones de pesos para la asesoría jurídica en vivienda para víctimas de incendios forestales; y de 330 millones de pesos, vía licitación, para la administración de un edificio comprado por el Serviu para implementar el plan piloto "Arriendo a precio justo".
El presunto tráfico de influencias acusado se origina en que la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, y su ex jefe de gabinete, que hoy está a cargo del programa "Asentamientos Precarios" del Serviu, trabajaron anteriormente en Urbanismo Social y ambos son militantes de RD.
El libelo también busca indagar las denominadas "primeras facturas": dineros que fueron pagados a empresas recién creadas y que emitieron sus primeras boletas para prestar servicios al Gobierno, mediante contratos firmados con la Delegación Presidencial Regional.
Dichas facturas consistieron en la asesoría de instalación de viviendas de emergencia en medio del proceso de reconstrucción tras la catástrofe de los incendios forestales del pasado verano, por 74 millones de pesos; así como también la disposición final de animales muertos a causa de la influenza aviar, por 146 millones de pesos.
"Están identificadas las empresas que han emitido estas facturas", reveló Bobadilla, asegurando que "son dos empresas que, a nuestro entender, no tienen experticia ni trayectoria en estos servicios que van a prestar y eso es lo que nos llama la atención".
"Por eso pedimos que se cite a declarar a la delegada presidencial (la militante de RD Daniela Dresdner), porque creemos que existe tráfico de influencias y situaciones que podrían ser sancionadas desde el punto de vista legal, y creemos que la delegada debe responder por esto", cerró el parlamentario.
La delegada afirmó que está disponible para entregar toda la documentación que avala esas decisiones.
Los diputados fueron consultados, además, por los más de 379 millones de pesos que transfirió -vía trato directo- el Gobierno Regional (GORE) del Biobío a la Fundación Horizonte Ciudadano, creada por la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), replicando que van a analizar los antecedentes y eventualmente pedirán la ampliación de la querella presentada hoy para abarcar ese asunto.
Todas estas tramas estallaron en medio del escándalo del caso Convenios, que inicialmente se circunscribió en Antofagasta producto de los millonarios traspasos entre la Seremi de Vivienda y la ONG Democracia Viva, se fueron conociendo otros convenios con fundaciones de otras regiones del país que también han sido cuestionados.
La Fiscalía investiga traspasos de dinero en al menos nueve de las 16 regiones del país, incluidas, además de Antofagasta y el Biobío, las de Arica, O'Higgins, Maule, La Araucanía y Los Lagos, entre otras.
La Contraloría General de la República (CGR), en tanto, dijo que hasta el lunes había recibido 172 denuncias por presuntos traspasos presuntamente irregulares de recursos públicos a fundaciones.
