Carlos Mora -que dejó el cargo de director de la Defensoría Penal Pública (DPP) hace dos meses- será el abogado defensor del exfiscal Manuel Guerra, imputado de delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito en una arista del caso audios.
Guerra, que lideró la Fiscalía Metropolitana Oriente entre 2015 y 2021, está bajo investigación de la Fiscalía por presuntamente haber entregado información al abogado Luis Hermosilla -hoy en prisión preventiva por la referida causa-, sobre diligencias de alta connotación pública.
De acuerdo con La Tercera, Mora ocupó la dirección de la DPP durante tres años y cuenta con una vasta experiencia como abogado defensor: trabajó en la Defensoría de Villarrica (2001-2003); fue abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría (2005- 2007); jurista jefe de la Defensoría Local de Santiago (2007- 2010); y jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública (2010-2011).
Asimismo, fue abogado jefe de la Defensoría Local de Santiago (2011-2012); jefe de la Unidad de Estudios de la Región Metropolitana Norte (2012-2015), y defensor regional metropolitano Norte (2015-2020).
Defendió casos reconocidos
Según el vespertino, el abogado de la Universidad de Temuco y también académico encabezó la defensa del ahora fallecido Luciano Pitronello, que instaló un artefacto explosivo en una sucursal bancaria. Allí, Mora logró rebajar el delito del imputado, quien era acusado de terrorismo el año 2012.
Asimismo, fue abogado defensor del exsenador Carlos Ominami, quien fue sobreseído de delitos tributarios en el denominado caso SQM.
Mora desempeñó después la misma labor con el hijo de la exautoridad: el otrora candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, investigado y absuelto por el caso de fraude en la rendición de su campaña electoral del año 2017.
¿Qué se le acusa al exfiscal Guerra?
Entre las filtraciones imputadas a Manuel Guerra, se incluye el famoso caso Penta, donde supuestamente le aseguró a Hermosilla, además, que iba a "flexibilizar" la posición de la Fiscalía en las acusaciones.
Otras filtraciones presuntamente corresponden a las de los casos Exalmar y Dominga, por lo que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los aludidos y los acusó de soborno, cohecho, prevaricación administrativa y revelación de secreto.
A su vez, Guerra también se querelló por la revelación de sus chats con el letrado, y denunció que el Ministerio Público -cuya indagatoria es liderada por el persecutor regional de Arica, Mario Carrera- faltó a sus deberes al dejar que fueran conocidos por la prensa.
