La diputada afirma que la primera semana de junio dio cuenta del caso al senador Juan Ignacio Latorre y a la ahora exsubsecretaria Tatiana Rojas.
"Nadie fue capaz de dimensionar el tamaño a lo que nos estábamos enfrentando, los montos que se manejaban, las formas de asignación", reflexiona hoy.
"No he robado plata, no he ejercido tráfico de influencias, no me he beneficiado de ninguna manera". La diputada Catalina Pérez, suspendida de Revolución Democrática, decidió hablar del escándalo de corrupción que la tiene en el ojo del huracán desde hace cinco meses, cuando se conocieron los cuestionados convenios suscritos entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta.
En conversación con La Tercera, la parlamentaria reconoció que estos meses han sido "complejos, dolorosos, difíciles", pero espera "que los procesos de investigación vayan avanzando, no tengo nada que ocultar: no me he robado nada, no he intercedido por ninguna fundación y con esa convicción sigo adelante".
Pérez cuestionó el liderazgo de Juan Ignacio Latorre al inicio del escándalo político, asegurando que el ahora expresidente de RD "maximizó el daño que se le hizo a Revolución Democrática y, por supuesto, me hizo muchísimo daño a mí".
Sobre su responsabilidad, la diputada dijo que "el error que cometí es un error que no me voy a perdonar nunca. Es el error más grande de mi vida. No haber ponderado el daño que se le estaba haciendo al gobierno, a mi proyecto, a mí. Me va a faltar tiempo para arrepentirme, pero creo que otra cosa es cómo se manejan las crisis cuando estás a cargo de un partido que es parte de una coalición oficialista".
Democracia Viva, cuyo representante legal era su pareja de entonces Daniel Andrade, firmó diversos convenios con la Seremi de Antofagasta, dirigida en esa época por el exjefe de gabinete de Pérez, Carlos Contreras, quien visó los millonarios contratos.
La diputada explicó que hubo "dos momentos, creo yo, en que tomo mayor conocimiento de en qué estaba trabajando la fundación. Hay un primer momento donde a mí se me pregunta si Daniel (Andrade) está trabajando con su fundación en Antofagasta, que es en el mes de enero de este año. Ahí traslado la pregunta a mi casa, a mi entonces pareja".
"Él -agregó- me dice que está todo en orden, que está desarrollando trabajo territorial en distintos lugares, entre esos Antofagasta, que no estaba recibiendo ningún financiamiento ni ninguna plata él, que no estaba a cargo del proyecto, que no lo conocía, que de hecho se estaba saliendo de la fundación y que el trabajo que estaban desarrollando había pasado todos los filtros de los organismos públicos con los que estaban trabajando. Y yo le creí, me quedé tranquila. Le pregunté a mi jefa de gabinete que indagara si es que había otros antecedentes a propósito de esa pregunta... No tuve indicio de nada irregular".
Luego, detalló, "a principios de junio, me llega una denuncia de irregularidades por parte de los funcionarios del Serviu" y precisa que era "una denuncia que circulaba de manera informal por distintos canales de que había irregularidades en la Seremía de Vivienda y vinculadas a la fundación Democracia Viva".
Pérez explica que esa acusación "estaba firmada por la Asociación de Funcionarios y en esa denuncia se decía que se estaba utilizando mi nombre por parte del seremi, que había un trato privilegiado, que había un maltrato, o sea, era una denuncia administrativa, lo que me levanta las alertas respecto de una situación que yo hasta ese entonces pensaba que estaba todo bien. Y la verdad es que ahí se me viene el mundo encima".
"Vuelvo a preguntar, traslado la pregunta a mi entonces pareja, pero también traslado la información a mi partido, toda la información que tenía a disposición en ese momento se la paso a la directiva nacional y hablo con autoridades de gobierno para informar lo que a mí me había llegado, pero también para preguntar qué es lo que estaba pasando y, en vista de los antecedentes, decido ir a la Contraloría, teniendo la convicción de que yo no tenía nada que ver, que no había ejercido ninguna influencia, nada. Y ahí es donde empieza todo esto", contó.
Pérez precisó que "la primera semana de junio, cuando me llega la información, inmediatamente me comunico con autoridades de partido y de gobierno y le pido a mi equipo que recurra a Contraloría. Luego esto se conoce públicamente la semana siguiente. Yo siempre lo comuniqué todo al partido, todo lo que yo iba sabiendo lo iba comunicando. Nunca guardé información para mí".
Para la diputada, "nadie fue capaz de dimensionar el tamaño a lo que nos estábamos enfrentando, los montos que se manejaban, las formas de asignación... Todo eso no era parte de lo que, en ningún caso, yo manejara antes de que esto estallara y que hemos ido manejando con posterioridad".
Además, dijo que se comunicó con la subsecretaria de Vivienda de ese entonces, Tatiana Rojas, "que creo que es con quien correspondía, ya que estaba a cargo del programa. Le digo que me llega esta denuncia y le pregunto qué está pasando. Ella me dice que hasta los antecedentes que ella tiene está todo en regla, pero que está elaborando un informe. Yo digo perfecto. Y les aviso tanto a mi partido como a la subsecretaria de que de todas maneras voy a ir a Contraloría".
Catalina Pérez aseguró que no conversó con Giorgio Jackson ni Miguel Crispi, ambos de RD que ejercían funciones en el Gobierno. "Creo que el conducto era conversar con la subsecretaria y me mantuve dentro de los conductos regulares", explicó.
La primera información de la denuncia, explicó a La Tercera Catalina Pérez, "era bien difusa" y aseguró que "así como no me interioricé de los detalles operacionales ni financieros de la fundación, nunca supe los montos de los convenios, la forma de asignación. Son cosas que sabemos hoy día, creo que hay un antes y un después de que el caso estalle".
"Ahora, viéndolo en perspectiva, no tenía conocimiento de la mayoría de las cosas. Nunca supe el monto de los convenios, la modalidad de asignación, cómo se entregaban estos recursos que eran vía trato directo, qué requisitos eran necesarios para que esto se estableciera. Todo lo que conocemos hoy día, que es una modalidad que además ahora, al parecer, sabemos no opera solamente en Antofagasta, sino que operaba en las 15 regiones del país, según lo que Contraloría ha podido señalar, no era algo que fuera parte de mi conocimiento", destacó.
"Yo jamás pensé que mi punto ciego iba a estar en mi dormitorio... Este punto ciego en que tú crees que las relaciones afectivas, la gente en la que tú crees y confías no te va a hacer daño, no le va a hacer daño a tu proyecto, en el que militan juntos, a tu gobierno, que no te está mintiendo, no te está ocultando información. Además, si yo nunca ejercí tráfico de influencias, ¿cómo iba a pensar que luego se iba a configurar un delito a propósito de eso?", se cuestionó.
"En la medida en que va conociendo más antecedentes, se va erosionando cada vez más la confianza. Y eso es algo bien irreparable, bien doloroso. Perdí a mi pareja, perdí a mi partido, perdí años de trabajo... Ahora me he concentrado mucho en eso, en recomponer los distintos espacios de la vida", reflexionó.
