La acción acusa una serie de rendiciones que apuntaban a "abultar y disfrazar los gastos electorales" para solicitar devoluciones improcedentes al Servel.
En total, el perjuicio al Fisco alcanzaría los 293 millones de pesos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso este lunes una querella criminal contra Karina Oliva y otros 11 exmilitantes del partido oficialista Comunes, así como "quienes resulten responsables", por el delito de fraude de subvenciones, a más de dos años de conocerse las presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de la campaña de la cientista política a gobernadora de la Región Metropolitana, en 2021.
Entre los dirigentes individualizados en el libelo está Jorge Ramírez, expresidente de Comunes y expareja de Oliva; Camila Ríos, exsecretaria ejecutiva de la colectividad; Martín Miranda, exadministrador electoral de la campaña; el exmiembro del equipo electoral de la tienda Jean Flores; y el entonces coordinador de comunicaciones del partido José Robredo.
Interpuesta en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la acción del CDE sostiene que "durante los períodos electorales del año 2021, cuando la querellada Oliva se postuló al cargo de Gobernador Regional Metropolitano, tanto en primera como en segunda vuelta, por la lista del partido Comunes, (los acusados) realizaron una serie de rendiciones de gastos de campaña que dan cuenta de 'maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servicio Electoral de Chile (SERVEL) devoluciones improcedentes, para así perjudicar al Fisco de Chile'".
"Los hechos dan cuenta que los imputados Jorge Ramírez, quien presidía el partido, Camila Ríos, secretaria ejecutiva, Martín Miranda, administrador electoral y la propia Karina Oliva, quienes de acuerdo a la querella eran 'quienes tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales' de manera concertada, con diversos coimputados señalados anteriormente, emitieron boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o con montos abultados, con el objetivo de indicar que dichas boletas o facturas ideológicamente falsas estaban por pagar, para solicitar un reembolso mayor al SERVEL y justificar además los montos crediticios pedidos para tal efecto por la candidata Oliva", indica la querella.
El texto agrega que con "la misma intención de abultar estos gastos no realizados, Miranda incorporó además en la rendición electoral de Oliva dos facturas de la Fundación Chile Movilizado, por servicios que efectivamente no se prestaron, y cuyos informes para responder las observaciones del SERVEL, fueron copiados de los elaborados por la empresa Criteria Research".
"Este modo de perpetrar el delito, realizado a través de diferentes mecanismos en la primera vuelta electoral se habría repetido en la rendición de gastos de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, en ambos períodos hubo montos que finalmente fueron objetados y luego rechazados por el SERVEL, al no ser justificados correctamente y, por tanto, no se habrían realizado dichos pagos", sostiene el escrito.
En total, en cuanto al perjuicio al Fisco, el CDE acusa que se defraudó la suma total de 293.093.681 pesos, y que además se intentó defraudar 110.000.000 pesos.
Conocida la querella del CDE, Comunes difundió una declaración pública de cuatro puntos en la que, primero, reiteró que "ninguna de las personas investigadas e imputadas por el Ministerio Público en esa causa milita actualmente en la colectividad, siendo parte de ellas expulsadas por el Tribunal Supremo de nuestro partido cuya decisión fue posteriormente ratificada por la Corte de Apelaciones de Santiago".
En segundo lugar, el partido señaló que la Fundación Chile Movilizado, "vinculada a un grupo específico de imputados", "dejó de tener relación con el Partido COMUNES junto con la salida de dichos militantes en el año 2021".
En un tercer ítem, la colectividad manifestó "su plena disposición a seguir colaborando con la Justicia, con el Servicio Electoral y con los organismos pertinentes que lo requieran, para ayudar a esclarecer los hechos cuestionados, determinar responsabilidades y aplicar sanciones si fuera necesario. No obstante ello, aclarar que judicializado el caso, no corresponde a este partido político emitir opiniones sobre el trabajo investigativo ni las acciones de la Fiscalía".
Finalmente, Comunes aseguró que valora "los esfuerzos del Ministerio Público por avanzar en este proceso, que tanto daño le ha hecho a nuestra organización. Estamos empeñados en trabajar para recomponer y restablecer la confianza tanto de nuestros militantes, como de la ciudadanía en su conjunto, tomando medidas para asegurar una correcta administración de los recursos".
