La comisión especial investigadora del caso convenios aprobó el informe propuesto por la oposición -Chile Vamos más otras fuerzas como el Partido de la Gente y Amarillos-, el que fue evacuado a la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para que ésta evalúe el grado de responsabilidad que se le atribuye a ciertos personeros del Ejecutivo.
A primera hora de esta mañana había un total de cinco informes, sin embargo, tras cuestionamientos del oficialismo, se determinó unificar un documento que logró ser aprobado esta tarde. De los 13 parlamentarios que componen la comisión, ocho votaron a favor y cinco en contra.
Pese a ser aprobado, este informe no tiene validez sino hasta que lo apruebe la Sala de la Cámara, y no está previsto que ello ocurra antes de marzo o abril del 2024, debido a que hay otros informes en espera.
Respecto del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), el informe asegura que éste no conocía la situación que afectaba su cartera, sin embargo, se reprocha la "diligencia con la cual condujo" el Ministerio.
Además, se le acusó de una "reprochable inobservancia de las conductas de los Seremis", en virtud de la responsabilidad contemplada en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575). Esta alusión podría eventualmente dejar abierta la opción para una Acusación Constitucional, ya que, entre las causales para concurrir a dicha instancia, se encuentra, entre otras, infringir la Constitución o las leyes.
Previo a la votación, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, indicó en esta línea que Montes "efectivamente no tiene las responsabilidades que se señalaban en el primer informe y agradezco que en el documento hayamos puesto los juicios que corresponden y no descalificaciones que yo observaba en el primer documento. Y quiero también señalar que estas comisiones no están hechas para hacer acusaciones constitucionales posteriores".
Asimismo, en referencia al jefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi (RD), los diputadosagra apuntaron a que éste tenía conocimiento de las denuncias días antes de lo reconocido por el Presidente de la República y el resto del Gobierno, por lo que aseguraron que hay una "falta de diligencia evidente y agravada" por su cargo, por lo que cuestionaron su continuidad en el Ejecutivo.
El informe incluye con reproches, además, a la auditora general de Gobierno, Daniela Caldana; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, por "controles laxos en una institucionalidad nueva, que puede ser calificada de imprudencia temeraria", por lo que también se sugiere evaluar su continuidad en el cargo, y a la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, por no comunicar los hechos al ministro y a la Fiscalía, lo que alcanzaría eventualmente lo administrativo y penal.
Además, hubo reproches al Consejo de Defensa del Estado (CDE), al que se le atribuye un accionar "en extremo reactivo", que no se corresponde con la magnitud y profundidad del episodio de corrupción en las fundaciones.
El presidente de la comisión, el diputado José Miguel Castro (RN), expresó que "independiente del blindaje que se le pudo hacer por parte del Gobierno a algunos, se votó a favor y con nombre y apellido se habla del ministro Montes, de la directora de Presupuestos, de Miguel Crispi, y por lo demás también hay cinco páginas de propuestas para que no se vuelva a caer en lo mismo".
REACCIONES
El diputado Raúl Soto (PPD) afirmó que "comparto plenamente las propuestas del informe, las suscribo en su totalidad, sin embargo, respecto de las conclusiones, tengo algunas diferencias importantes: creo que muestran solo una cara de la moneda; creo que buscan también liberarse un poco de culpas respecto de la responsabilidad que tienen en el gobierno anterior, y eso yo no lo puedo compartir más tratándose ese caso de la región a la cual represento, que es la Región de O'Higgins, por lo tanto, no puedo suscribir este documento".
Mientras que la diputada Erika Ñanco (RN) fue más crítica y dijo que "no es el caso de corrupción más grande que hemos visto de vuelta de la democracia. Entiendo que previo a la vuelta de la democracia, claro, comparado con los 3.000 millones de pesos que se robó Pinochet, chuta quizás en democracia se roba más, pero nos estamos olvidando del caso Penta, caso Soquimich".
SOBRE UNA POSIBLE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
El diputado Juan Antonio Coloma (UDI) dijo que "lo que hemos logrado hoy es establecer la responsabilidad política del ministro Carlos Montes respecto del denominado caso convenios. Yo en lo personal lo he dicho, no soy partidario de estar constantemente amenazando con acusaciones constitucionales".
En tanto, el diputado Rubén Oyarzo (PDG) explicó que "no hay responsabilidad política del ministro Montes en el informe que acabamos de aprobar. Segundo, antes del 17 de diciembre (fecha del plebiscito constitucional) no va a haber ninguna acusación, porque la misma derecha lo ha dicho".
Por su parte, la diputada Jovana Ahumada (Social Cristiana) señaló que "no me corresponde a mí, no soy quien está presentando la acusación, la estoy apoyando, por lo cual, esos detalles tienen que pedírselos a la diputada Concha o a la diputada Franchesca, del Partido Social Cristiano".
