La diputada por Antofagasta Yovana Ahumada (independiente, ex-PDG) planteó que, dados los cambios en el relato oficialista sobre cuándo conocieron las irregularidades en los convenios entre la Seremi de Vivienda de esa región y la fundación Democracia Viva, "todos están en tela de juicio", incluido el Presidente Gabriel Boric.
En conversación con El Diario de Cooperativa, la legisladora explicó cómo se gestó su oficio por el asunto, enviado hace un mes, y exactamente una semana antes de que se destapara el caso.
"A través de un Whatsapp, recibo el correo que se le envió a la subsecretaria de Vivienda (la militante RD Tatiana Rojas) el 2 de mayo, con todos los detalles de estas dudas e inquietudes que los trabajadores le hacían llegar. En vista del análisis que se hizo de esta información, el 7 de junio decido enviar un oficio a la Seremi, para tener detalles de qué es lo que ocurre con Democracia Viva: cómo se habían entregado los recursos a una fundación que no tenía sede ni era de nuestra región, cómo iban los avances y rendiciones", precisó.
Consultada sobre por qué recurrió al exseremi Carlos Contreras -que por estar implicado en el caso luego renunció al cargo y fue expulsado de RD- y no a la Subsecretaría o al Ministerio de Vivienda, señaló que "siendo diputada de la región, para mí era mucho más factible tener mayor información de detalle" desde esa repartición, "creyendo que habría una respuesta rápida".
"Si bien (los antecedentes) generaron dudas, creo que nadie se imaginó los ribetes y todo lo que ha estado ocurriendo por esta denuncia, que parte con una fundación y hoy tenemos en otras regiones", reflexionó.
"MANTO DE DUDA"
En cuanto a la factibilidad de que el Gobierno central no conociera los detalles hasta que el caso saliera en la prensa, como aseguró el ministro de Justicia, Luis Cordero, Ahumada estimó que "si las cosas hubieran mantenido una sola línea, no podría tener duda de nada, pero hemos visto cómo la información ha ido variando cada día".
"Si bien el Presidente dijo una cosa en un principio, hoy cambia su discurso: dice que se enteró antes y nombra mi oficio. Por otro lado, vemos que el senador (Juan Ignacio) Latorre dice que la subsecretaria le informa al ministro (de Vivienda, Carlos Montes), después dice que no, y que él se enteró antes", ejemplificó.
"Por eso -continuó- se genera un manto de duda con respecto a todo lo que ocurre, porque pareciera que nadie dice nada claro, nadie tiene la misma versión (...) Todos están en tela de juicio, todos generan duda, desde el Presidente y todos los que han intervenido, porque no tienen un mismo discurso".
A la vez, cuestionó que "si se tuvo la información, ¿por qué en ese minuto no se toman acciones?", y observó que "en general, no se le toma la premura, la urgencia, a la información que se recibe, y eso es grave, porque creo que quien asesora al Presidente o sus personas cercanas no lo asesoran bien".
"¿No está habiendo una comunicación fluida o se está queriendo -de alguna manera- invisibilizar esta situación? ¿No creyeron que esto iba a avanzar o se iba a saber?", se preguntó la parlamentaria.
"CAMBIO DE GABINETE SÍ O SÍ"
En definitiva, si bien insistió en que "la responsabilidad parte en el Presidente", apuntó que no sólo él debe asumirla, sino que también sus ministros.
Por lo mismo, Ahumada aseveró que "el Presidente debiera estar pensando en anticipar un cambio de gabinete sí o sí", pues "en la medida que esto sigue avanzando, por lo menos el ministro Montes y el ministro (de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio) Jackson tienen que asumir un costo político".
De hecho, consideró que "no es correcto" que hasta ahora sólo Contreras y Rojas hayan dejado el Gobierno debido al caso, puesto que "cada vez se amplía más, llega a otras Seremis, a otras regiones, sigue sumando montos que no son menores. No se asume la gravedad de lo que estamos hablando".
OFICIO FUE MOTIVO PARA HACER VALER RESPONSABILIDADES, DICE GOBIERNO
Desde el gabinete volvieron a salir a aclarar cuándo se enteraron los ministros y el Presidente Boric los primeros antecedentes del caso. Esto debido a que ayer el Mandatario dijo que "el conocimiento que nosotros tuvimos de que había una investigación fue por el oficio de la semana anterior", y que cuando él supo que "podría haber irregularidades fue alrededor de la fecha de la investigación del medio Timeline (de Antofagasta)", cuya publicación fue el viernes 16 de junio.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió que "ese oficio, de hecho, forma parte de una de las razones por las cuales se hicieron efectivas las responsabilidades políticas por no haber comunicado oportunamente esa información, pero lo clave, en el contexto del propósito del Presidente en ser lo más transparente posible, es que tan pronto esa información llega a las autoridades centrales, se adoptan las medidas de modo inmediato".
La vocera Camila Vallejo también habló al respecto "Hay ciertos días de desfase, pero apenas llega esta información al nivel central, al ministro, al Presidente de la República, se toman las acciones correspondientes", recalcó en Canal 13.
"Es obvio que el Presidente no se entera el mismo día que entra un oficio de fiscalización en una región, esa es una obviedad. Lo que pasa es que él habla en nombre del gobierno completo, de una institución. Y, efectivamente, al gobierno le llega un oficio, al seremi de Gobierno de la región, un oficio. Antes, incluso había llegado esta denuncia de los funcionarios y funcionarias. Todo eso se recepcionó a nivel regional y luego la subsecretaria aquí hizo ciertas diligencias pero no notificó", añadió.
Cordero ejercerá desde ahora, por instrucción del Mandatario, como el vocero del Gobierno para las declaraciones públicas sobre este caso.
