En entrevista con El Diario de Cooperativa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, abordó este martes la ampliación de querella que presentaron diputados del Partido Republicano por los traspasos por 426 millones realizados el año pasado desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD), que obtuvo su personalidad jurídica en 2022.
La acción, ingresada ayer en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, está dirigida directamente en contra del ministro de Desarrollo Social y hasta septiembre titular de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson; el jefe de asesores del "segundo piso" de La Moneda y exsubsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Miguel Crispi, y la actual directora de Presupuesto (Dipres), Javiera Martínez, así como "contra los funcionarios públicos que resulten autores, cómplices y encubridores del delito de fraude al fisco y por cualquier otro delito que resulte acreditado durante la investigación".
Los parlamentarios solicitaron que la Fiscalía cite a declarar a Jackson, Crispi y Martínez, todos referentes de RD, y también que se disponga que la Policía de Investigaciones (PDI) incaute "computadores y teléfonos institucionales y de uso personal" en la Dipres, La Moneda y los domicilios de los denunciados.
Consultado por la ofensiva republicana, Cordero dijo que "ahora nos damos cuenta, porque se está utilizando como una estrategia, en mi opinión, política contra altas autoridades, pero se está haciendo en otros ámbitos extremadamente habitual querellarse contra funcionarios públicos respecto a decisiones que adoptaron o respecto de situaciones que no se comparten".
"Yo he visto la ampliación de la querella. Me parece que ellos ejercieron un instrumento jurídico para hacer una objeción que no es jurídica sino que más bien política y eso tiene consecuencias que degradan también el contexto del debate público", criticó el ministro de Justicia.
Abogado de profesión y académico, el secretario de Estado reflexionó que "el derecho tiene cierta racionalidad y ciertas lógicas, pero cuando usted lo utiliza como herramienta política, usted no sabe los efectos que puede terminar".
En tal sentido, advirtió: "A mí me preocupa que se comience a naturalizar en el debate político nacional el uso de la querella como medio para contrastar o amparar una estrategia política. Para eso está el Ministerio Público, que es una institución autónoma responsable. Ellos son los que tienen no solo las instituciones, sino que tiene un gran equipo con este fin y sobre ellos deberíamos estar atentos para detectar si en estos casos hay delitos".
El diputado Cristián Araya, uno de los autores de la querella, dijo lamentar más tarde que "el ministro Cordero esté sufriendo el síndrome de Marcel: llegar al Gobierno con mucho prestigio, con un reconocimiento transversal, y tirarlo por la borda".
"Cuando sale a hablar en contra de una acción que persigue las responsabilidades penales, no se disocia de su rol de ministro de Justicia y claramente atenta contra la independencia del Poder Judicial (...) con tal de proteger a los amigos del Presidente", fustigó.
"NO TENEMOS ANTECEDENTES DE QUE EXISTA UN MECANISMO PARA DEFRAUDAR"
En medio de las investigaciones del Ministerio Público sobre el "caso convenios", Cordero dijo que de momento no se ha detectado la existencia de un "mecanismo" para defraudar al Estado.
"Hasta ahora nosotros no tenemos antecedentes de que exista un mecanismo, entendiendo por mecanismo un sistema urdido de modo tal que tiene por fin defraudar al Estado, extraer recursos de modo ilícito al Estado. Lo que sí tenemos son un conjunto de actuaciones que lo que han permitido es que determinados personas hubiesen actuado contra el interés público y en algunos casos directamente defraudado", apuntó el titular de Justicia.
Cordero añadió sobre el "caso convenios" que "el elemento común de los escándalos de corrupción, siempre, es que revelan las debilidades institucionales" y "en situaciones de este tipo la reacción debe ser inmediata y no debe ser ambigua".
"En el corto plazo se pueden pagar costos de esa reacción —afirmó—, pero creo yo que ser enfáticos en que son situaciones inaceptables, que algunos de esos hechos son casos de corrupción, que es necesario perseguirlos, que es necesario sancionarlos y que esa reacción debe ser oportuna es la única manera de recobrar la confianza en las instituciones, porque de lo contrario pasa la dilación en el tiempo, aquí nadie asume ninguna responsabilidad jurídica de lo que le pueda ocurrir, etcétera".
¿FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA? "NO EXISTEN INDICIOS"
Asimismo, Cordero descartó que partidos se hayan beneficiado con los dineros del "caso convenios".
"Los datos que tenemos hasta ahora no dan cuenta de eso. Hasta ahora lo que tenemos en los casos donde es muy evidente casos de corrupción es un grupo de personas frescas nomas que desembolsaron recursos públicos y los traspasaron a sus cuentas corrientes privadas, como está pasando en el sur", sostuvo el ministro.
En el caso particular de Democracia Viva, indicó que "los antecedentes que tenemos hasta ahora es que esos recursos no fueron a financiamiento de la política. No existen esos indicios. Lo que sí creo -y yo lo he dicho- que es un caso de corrupción, esencialmente por los vínculos personales que existen".
LEY DE DELITOS ECONÓMICOS: "LA CPC LLEGÓ TARDE A LA DISCUSIÓN"
Sobre la nueva ley que sistematiza los delitos económicos -también denominados "de cuello y corbata"- y los atentados contra el medioambiente, iniciativa que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso y fue promulgada ayer por el Presidente Gabriel Boric, el titular de Justicia aseveró que "no conozco hasta ahora, sobre todo en temas de regulación y establecimiento de delitos, un proyecto que haya contado con una asesoría y un trabajo tan dedicado y especializado en los últimos años".
"Esta es la reforma al Código Penal más importante desde su dictación", relevó.
En esta línea, abordó las críticas que ha recibido la iniciativa por parte de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que incluso llegó hasta el Tribunal Constitucional (TC) -sin éxito- para realizar cambios en ella.
"Tengo la impresión de que la CPC llegó tarde a la discusión" y su ofensiva "sólo significó un costo reputacional" al gremio empresarial, opinó Cordero.
DDHH A 50 AÑOS DEL GOLPE
Por otra parte, Cordero abordó el llamado que hizo el Presidente Boric, en medio de su reciente gira por Europa, a todos los partidos políticos a firmar una declaración conjunta por los 50 años del golpe de Estado, que se conmemorará este 11 de septiembre.
"El Presidente ha hecho una invitación que está abierta. Creo que es una invitación permanente y una invitación a cuidar la democracia", expresó el secretario de Estado.
Finalmente, remarcó que existe un apoyo transversal al Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar (1973-1990).
"Lo que está en torno al Plan Nacional de Búsqueda es el consenso de dos cosas básicas: la primera es que en Chile existieron violaciones a los derechos humanos y la segunda es que esas violaciones no pueden volver a ocurrir", explicó el ministro.
"Ese consenso básico es transversal en aquellos con todos los que he conversado. Mentiría si le dijera que alguien de oposición me haya dicho que no. Por el contrario", enfatizó.
Concluyó que "ese consenso básico que refleja el Plan Nacional es lo que uno tiene que tratar de cuidar y yo puedo entender la refriega cotidiana que está en torno a la política, pero esto tiene que ver con nuestra historia, con nuestras heridas, con la manera de poder cicatrizar y la manera de mirar el futuro. Creemos que el plan puede contribuir a eso y la manera en la que se ha trabajado y en cómo se ha dialogado ojalá permita eso".
