La Corte de Apelaciones de Santiago revisó este viernes un recurso de amparo presentada por el otrora diputado Joaquín Lavín León (exUDI), que busca impugnar la prisión preventiva ordenada en su contra por presuntos hechos de corrupción.
El exparlamentario está acusado de supuesto fraude al Fisco, uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, cometidos -según Fiscalía- durante el período en que su esposa, Cathy Barriga, era alcaldesa de Maipú (2016-2021).
Según lo expuesto en el recurso, el juez Daniel Urrutia -que dictó el encarcelamiento de Lavín hace exactamente una semana- copió literalmente en la resolución partes de la minuta del Ministerio Público y no se hizo cargo de los argumentos de la defensa.
Asimismo, en el fallo hay presuntas menciones a delitos que eran imputados a otros sujetos en la causa; y, supuestamente, se incluyeron hechos nuevos no contenidos en la solicitud de desafuero del diputado, cuya aprobación fue necesaria para la audiencia de formalización.
Tanto la defensa de Lavín y como los querellantes del caso tuvieron una hora a una hora y media para exponer sus alegatos. Los jueces, por su parte, pueden resolver esta misma jornada o el sábado si el desaforado diputado sigue tras las rejas en el anexo penitenciario Capitán Yáber.
El informe ingresado por Urrutia
En su informe ingresado al tribunal, Urrutia mencionó que se consideraron solamente los delitos por los cuales el imputado fue formalizado y que ya existía previo desafuero.
Además, aclaró que los hechos aludidos, referidos a otros delitos, "correspondían solamente al coimputado (Arnaldo) Domínguez y que se utilizaron como contexto en la resolución".
El juez argumentó que la defensa tuvo una amplia oportunidad de alegar, que sí se analizaron las atenuantes propuestas y que la prisión preventiva se justificó por la gravedad de estos hechos.
El análisis del proceso
Tras terminar con las intervenciones, el director de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, profundizó en la distinción entre desafuero y formalización, elementos clave en este caso.
"Creo que hay que entender un poco qué es la institución del desafuero y cuáles hay de la formalización y medidas cautelares. El desafuero establece la plausibilidad de los antecedentes para que una persona -que goza de fuero- pueda enfrentar un proceso penal, una barrera procesal que el Ministerio Público sorteó con éxito", explicó.
En esta línea, Campos precisó que, "luego de ello, lo que hace la formalización de la investigación es comunicar y precisar aquellos hechos del desafuero y que importan eventualmente una medida cautelar como la prisión preventiva que se decretó. Eso es todo".
Por su parte, el abogado de Lavín León, Cristóbal Bonacic, expresó su descontento con la forma en que el tribunal abordó los argumentos: "lo único que le puedo anticipar es que la argumentación de la defensa iba sobre una cosa y los recurridos -el Ministerio Público, la Municipalidad y el Consejo de Defensa del Estado- hablaron de B".
"No se hicieron cargo de lo que yo dije", cuestionó el abogado, que concluyó indicando que "el tribunal ponderará si son suficientes o no" los argumentos planteados.
