En su calidad de extesorero de Achifarp, el jefe comunal de Valparaíso aseguró a Fiscalía que "no tenía acceso a las cuentas bancarias".
"No podemos hacerlo responsable (al militante PC) de cada una de las actuaciones de esta asociación", afirmó el abogado Ramón Sepúlveda.
Ramón Sepúlveda, abogado defensor de Daniel Jadue, intervino este jueves en la segunda jornada de la audiencia de formalización del militante comunista, aludiendo a la declaración de otros alcaldes miembros de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), particularmente a Jorge Sharp.
En la víspera, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago aplicar la medida cautelar de prisión preventiva en contra del jefe comunal de Recoleta, imputado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal en el marco del caso Farmacias Populares.
Los ilícitos presuntamente tuvieron lugar en medio de la compra y venta de insumos sanitarios, durante la pandemia del Covid-19, por parte de la Achifarp, fundada en 2016 por el mismo Jadue.
El Ministerio Público detalló ayer que los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina (Renovación Nacional); de Huechuraba, Carlos Cuadrado (PPD); y de Valparaíso, Jorge Sharp (independiente), dieron sus testimonios sobre la gestión de su par Recoleta.
Codina fue el segundo vicepresidente de Achifarp, mientras que Cuadrado ofició como secretario general y Sharp, como tesorero.
El alcalde de Valparaíso aseguró en su declaración ante la Fiscalía: "En mi calidad de tesorero, yo no tenía acceso a las cuentas bancarias (...) El que contrataba a los asesores y secretarios ejecutivos era -tengo entendido- el alcalde Jadue".
Esta tarde, durante su exposición ante el tribunal, el defensor de Jadue afirmó que "la Fiscalía, con base en un prejuicio -que esto (la Achifarp) era un juguete del alcalde de Recoleta-, ha olvidado a todos los demás directores. Los cita a declarar, comparece el tesorero que tiene responsabilidades administrativas en escrituras públicas".
"El alcalde Sharp dice: 'Yo nunca supe nada, nunca hice nada, no es mi responsabilidad', y la Fiscalía dice: 'Okey, no hay que perseguir personalmente a ese director'. No digo que lo persigan, (pero) no podemos señalar que el alcalde Jadue todo lo sabía, todo lo hacía y (de esa manera) hacerlo responsable de cada una de las actuaciones de esta asociación", añadió Sepúlveda.
El jurista enfatizó quela Achifarp "tenía directores y la función del directorio era fiscalizar y aprobar".
A su turno, el abogado querellante Daniel Martorell, que representa al Consejo de Defensa del Estado (CDE), indicó que "la corrupción no tiene color político", tras recordar el caso de la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga, formalizada por delitos de fraude al Fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público en el marco de su gestión municipal.
"El Consejo es un organismo técnico, es un organismo en que las decisiones son colegiadas, las decisiones son estudiadas rigurosamente desde el punto de vista profesional y nunca va a existir, para una decisión del Consejo, contaminar una decisión técnica con razones de carácter político. Eso no ha existido y no va a existir nunca en el Consejo", sostuvo.
"La corrupción no tiene color político y ese es el lema del Consejo de Defensa del Estado", aseguró el también consejero del CDE.
Los imputados por este caso son ocho: siete se han presentado en las audiencias, mientras que el octavo está con licencia médica. El tribunal ya decretó medidas cautelares, menos gravosas, para cuatro, como firma periódica y arraigo nacional.
También fijó un plazo de 120 días para la investigación.
Aún resta la deliberación de las cautalares para tres, que se estiman de mayor fuerza, como la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía para el alcalde Jadue.
La tercera y última jornada de la audiencia de formalización de Jadue comenzará mañana, viernes, a las 9:00 horas.
