Cristóbal Bonacic refutó la calificación planteada por la Fiscalía para solicitar la prisión preventiva del exdiputado.
Este miércoles -en la tercera jornada consecutiva de formalización- podrían resolverse las medidas cautelares.
La defensa del exdiputado y exmilitante UDI Joaquín Lavín León rechazó este miércoles la solicitud de la prisión preventiva realizada en la víspera por el Ministerio Público.
Quien fuera parlamentario por la Región Metropolitana durante tres periodos (2014-2026) está enfrentando, este miércoles, su tercera jornada consecutiva de formalización por delitos de corrupción (fraude al Fisco, tráfico de influencias y uso malicioso de instrumento privado mercantil), y es probable que hoy mismo se resuelvan las medidas cautelares.
En este contexto habló el abogado defensor, Cristóbal Bonacic, y planteó que una prisión preventiva no se justifica en este caso, pues Lavín no representa un real "peligro la sociedad", como sostiene la Fiscalía.
"La ley define el 'peligro para la sociedad' como la posibilidad de reiterar conductas de la misma especie. Ése es el sentido que le da (a la expresión). Entonces, si el señor Lavín ya no es diputado, ¿qué delitos podría cometer ahora respecto de lo que se le imputa? La verdad es que ninguno", dijo Bonacic.
"Nosotros confiamos en todos los tribunales, en todos los jueces y somos muy respetuosos de la judicatura. Confiamos en que todos ellos hacen su trabajo con estricto apego al derecho", agregó el letrado.
La audiencia de hoy comenzó pasadas las 09:00 horas con la exposición del Consejo de Defensa del Estado, que afirmó que la plataforma Social Task no solo era utilizada para objetivos electorales del exdiputado, sino que también de su padre, el exalcalde y excandidato presidencial Joaquín Lavín Infante.
El CDE también pidió 17 diligencias, entre ellas la toma de declaración a la exsenadora y expresidenta de la UDI Jacqueline Van Rysselberghe.
Luego fue el turno de los abogados de la Municipalidad de Maipú, que acusaron a Lavín León de haber "amedrentado" a funcionarios para que realizaran contratos: un delito de tráfico de influencias.
