Democracia Viva: CDE se querelló contra exseremi Contreras y Daniel Andrade

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Autor: Cooperativa.cl

El libelo les imputa el delito de fraude al Fisco, "sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten".

"Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo", afirmó el presidente del organismo, Raúl Letelier.

Democracia Viva: CDE se querelló contra exseremi Contreras y Daniel Andrade
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) informó este viernes que interpuso una querella criminal contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y contra el representante legal de la fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, ambos como presuntos autores del delito de fraude al Fisco, "sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante el curso de la investigación penal que sigue el Ministerio Público". 

La acción, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, recoge las conclusiones de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República (CGR) a la Seremi en relación a las transferencias -por un total de 426 millones de pesos- realizadas a la ONG, ligada a Revolución Democrática (RD), cuyo informe final fue publicado ayer. 

En el reporte de 91 páginas, el organismo encabezado por el contralor Jorge Bermúdez advirtió una serie de irregularidades, entre las cuales figura la contratación de 12 personas en la oficina regional de Antofagasta, pero que también prestaban servicios en organismos privados sin fines de lucro, y la falta de control a nivel central por parte del Ministerio de Vivienda.

A través de un comunicado, el CDE explicó que la querella "se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos".

En dicho marco, señaló la entidad, "el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal".

De acuerdo con lo señalado en la querella del CDE, se suscribieron tres convenios de transferencias de fondos con la Fundación Democracia Viva, representada por Andrade, con quien el exseremi sostenía un vínculo de público conocimiento, causando con ello un perjuicio fiscal de a lo menos 391.768.516 pesos.

"Estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertise o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco", afirmó el presidente del Consejo, Raúl Letelier.

El abogado enfatizó que "la querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal".

SOBRE LA DEMANDA CIVIL

El martes, el CDE interpuso ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta una demanda civil en contra de Democracia Viva, solicitando se le condene a restituir al Fisco la suma de 391.768.516 pesos.

La acción se presentó luego que el tribunal concediera la medida prejudicial precautoria de retención de los dineros depositados en la cuenta bancaria de la fundación, solicitada por el Consejo el pasado 27 de julio, y se funda en un cúmulo de antecedentes que corroboran el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por ésta en virtud de tres convenios celebrados con la Seremi de Vivienda y Urbanismo y el Serviu de la Región de Antofagasta.

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