El Tribunal de Garantía de Iquique decretó arraigo nacional para una consejera regional de Tarapacá, el exintendente de la región entre 2018 y 2021, su exjefa de gabinete, la exjefa de División de Desarrollo Social, entre otros imputados por el caso Caja de Alimentos, quienes fueron formalizados por fraude al fisco tras una segunda audiencia.
La jueza Tamara Muñoz ordenó a los medios de prensa que no se revele la identidad de los imputados, ni tampoco mostrar sus rostros.
Durante la formalización, el Ministerio Público expuso los antecedentes y solicitó la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que uno de los querellantes solicitó la prisión preventiva, petición que fue rechazada por el Tribunal que, finalmente, accedió a la solicitud de Fiscalía.
Al respecto, el abogado querellante, Enzo Morales, rechazó la decisión del Tribunal y explicó que debieron ser condenados "a consecuencia de la adjudicación de la entrega de cajas de alimentos a través de la Asociación Cristiana de jóvenes y también la Asociación de Municipios rurales en 2020".
"Y, con estos hechos, causando un perjuicio fiscal para el Gobierno Regional de Tarapacá y la región de más de 500 millones de pesos por el sobreprecio de 10 mil pesos por cada una de las cajas de alimento", agregó.
En tanto, el diputado Matías Ramírez (PC) sostuvo que "no se entiende ni se justifica las medidas cautelares decretadas en este caso por el Tribunal. Creemos que se fijaron las de menor intensidad y aquello -incluso- puede poner en riesgo la misma investigación, considerando la cantidad de funcionarios regionales formalizados".
"Pero, particularmente, incluso una consejera regional que cumple con labores de fiscalización al interior de estamentos relacionados en su momento con su función como ex jefa de planificación", cerró el diputado.
