La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, aseguró a Fiscalía que le informó -mediante un documento- al ministro Carlos Montes sobre el caso Democracia Viva, que originó el escándalo de los convenios, antes que se hiciera público.
Según publicó La Tercera, la exautoridad manifestó que "el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios. Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva".
"Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa", precisó.
Al ser consultada sobre cómo ella se enteró de esta situación, Rojas replicó que el 2 de mayo fue informada por un reporte de la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Vivienda.
"Remití esta información al Seremi, Carlos Contreras, con copia al Jefe Nacional de Asentamiento Precarios, Ricardo Trincado, solicitando que me informara todos los antecedentes al respecto", detalló.
"Este tipo de correos de problemas relacionales, acusaciones a alguna autoridad, problemas de acoso u otras problemáticas de los funcionarios me llegaban en gran número, por lo cual yo tenía un 'sistema' conocido por ellos (representantes de las asociaciones y funcionarios en general) el cual consistía en mi compromiso de recabar los antecedentes y contrastarlos con las personas cuestionadas a través de estas presentaciones, exigiendo además siempre respaldos objetivos de lo denunciado", agregó.
Rojas recordó que Contreras le respondió rápidamente, pero que luego no le mandó la información que ella solicitó. "Ante la no respuesta en el plazo comprometido, insistí en varias ocasiones mediante correos electrónicos, telefónicamente y mensajería de WhatsApp, quien solo presentaba excusas argumentando que antecedentes mas requería sobre los solicitado. En cada comunicación le fui entregando líneas generales de la información necesaria", recordó.
Posteriormente, Contreras respondió en formato borrador, solicitándole más tiempo para una respuesta final, ante lo que Rojas se negó, "señalándole que ya había transcurrido suficiente tiempo, solicitándole la información en el acto y de manera inmediata".
Rojas le envió toda esta información a Ricardo Trincado 11 días antes de que estallara el escándalo.
ULTIMÁTUM REPUBLICANO
Ante esta nuevp antecedente, desde el Partido Republiicano dieron un ultimátum al Ejecutivo, emplazando al Presidente Gabriel Boric para que le pide la renuncia al titular de Vivienda.
De no ocurrir, el próximo lunes presentarán una acusación constitucional en contra del ministro Montes, libelo que había sido anunciado varias veces por otro sector opositor, el Partido Social Cristiano, pero sin concretarla.
Además, la declaración de la exsubsecretaria ayudó a aunar a las derechas en torno a la ofensiva, luego de que desde Chile Vamos esta misma semana hayan marcado distancia con la idea de acusar al secretario de Estado.
"Toda la gente que ha mentido ha estado dentro del Gobierno, puede ser el ministro Montes, la subsecretaria (Rojas), (el jefe de asesores de La Moneda, Miguel) Crispi o el seremi de Vivienda de Antofagasta. La cosa es que a los chilenos se les ha mentido, y es necesario que se tomen responsabilidades políticas: el ministro Montes y Crispi deben dar un paso al costado; sobre todo el ministro montes, quien ha tenido una carrera como parlamentario, por pudor y necesidad de bien común, debería salir de su puesto", sostuvo el diputado José Miguel Castro (RN), quien encabezó la comisión investigadora del caso convenios.
La recriminación a Crispi se funda en que Contreras ha afirmado que éste, como jefe del Segundo Piso de Palacio, se enteró de los convenios el día de 7 junio, una semana y media antes de que estallara públicamente el caso, a través de un informe, y no se trató de "un rumor", como había declarado en la comisión investigadora.
Contreras y Daniel Andrade, quienes suscribieron los convenios en sus calidades de seremi del Minvu de Antofagasta y representante legal de Democracia Viva, respectivamente, fueron detenidos este martes.
