El Ministerio Público confirmó la apertura, de oficio, de dos nuevas investigaciones en el marco del caso convenios, una de las cuales involucra a la fundación Horizonte Ciudadano, creada en 2018 por la expresidenta Michelle Bachelet (PS), y el Gobierno Regional del Biobío (GORE).
La Fiscalía Regional indagará "supuestas irregularidades" en el traspaso de fondos -vía trato directo-, por 379 millones de pesos, concretado el 22 de diciembre pasado por parte del GORE a la ONG para la ejecución del proyecto "Niños, Niñas y Adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia".
El vínculo político en este caso apunta a que el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz (ex-DC), fue intendente de la misma región durante todo el segundo mandato de Bachelet (2014-2018).
La segunda investigación también relaciona al Gobierno Regional, por un convenio de 250 millones de pesos con la Fundación En Ti, vinculada a la excandidata del Frente Amplio a alcaldesa de Concepción Camila Polizzi.
HORIZONTE CIUDADANO Y GORE DEFIENDEN LEGALIDAD DEL CONVENIO
Desde Horizonte Ciudadano señalaron que la iniciativa cuestionada prevé una cobertura en torno a los 112 mil niños, niñas y adolescentes, muy superior al piso dd 30 mil establecido inicialmente.
A través de un comunicado, la fundación afirmó que "con respecto a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía del Biobío, la fundación manifiesta su disposición a proporcionar todos los antecedentes de manera transparente e inmediata. Esto se debe a que todo está en orden y se encuentra en completa regularidad".
Además, afirmó que el convenio fue visado por la Contraloría General de la República el 2 de diciembre del 2022, por lo que cumplió los procedimientos legales.
"Todos los proyectos de la fundación Horizonte Ciudadano han sido desarrollados con una construcción técnica idónea y con total profesionalismo. Se cuenta con profesionales de reconocida trayectoria, en los ámbitos de los proyectos, y se ha realizado en todos los casos una rendición de cuentas íntegra. Esto también se aplica al proyecto 'Niños, niñas y adolescentes: voces del Bío Bío para vivir sin violencia'", subrayó.
Desde el GORE también defendieron el contrato, aprobado por el gobernador, pero sin someterlo al Consejo Regional.
"El eje programático es de participación y niñez, en el cual el Gobierno Regional no tiene experiencia previa. Y por lo que hemos visto, la institucionalidad pública ministerial y de los servicios públicos centralizados, tiene severas brechas. Y en este contexto se evalúa en su mérito ese proyecto en particular", sostuvo el administrador del GORE, Rodrigo Martínez.
"Y por los demás, que es evidente y de público conocimiento, no hay nada oculto en que es una fundación que estaba ligada a la expresidenta Michelle Bachelet, y se nos intenta vincular, (pero) no tenemos ningún problema en esa vinculación. Yo trabajé con mucho orgullo en los dos gobiernos de la Presidenta, pero eso no tiene que ver con la evaluación de mérito del proyecto en particular", remarcó.
Estas causas se suman a la abierta la semana pasada por "eventuales irregularidades en la asignación de fondos", unos 274 millones de pesos, por parte del GORE a la ONG Red Cultivarte.
En paralelo, diputados de la UDI ingresaron hoy una querella para que se investiguen convenios entre el Serviu del Biobío con la fundación Urbanismo Social, y una nueva arista denominada "primeras facturas" entre la Delegación Presidencial Regional con dos empresas, casos que involucran a militantes del oficialista Revolución Democrática.
