La Fundación ProCultura presentó un recurso de protección contra el Gobierno Regional de Aysén con la intención de dejar sin efecto la determinación de éste de desistir de la ejecución de un convenio por 1.600 millones de pesos para llevar adelante un programa de rezago en la Provincia de Capitán Prat.
En la acción judicial, de 22 páginas, ProCultura señala que la decisión del GORE no tiene fundamento legal y sólo obedece al contexto "de la discusión pública y política" a raíz del escándalo de los convenios entre organismos públicos y fundaciones, con investigaciones de la Fiscalía a lo largo de todo el país.
La gobernadora de Aysén, Andrea Macías, comentó que la ONG tiene derecho a recurrir a instancias judiciales para salvaguardar sus intereses, pero aclaró que no hay un convenio firmado con el GORE: "Lo que existía era un acuerdo del Consejo Regional para poder avanzar en la ejecución de un programa con esta fundación".
Este acuerdo generó un convenio, pero sólo fue firmado por ProCultura, no por Macías, quien propuso al Consejo Regional dejarlo sin efecto: "Por lo tanto, no existiendo un convenio firmado, no existiendo una resolución que apruebe ese convenio, esto no ha nacido aún a la vida jurídica, a la vida administrativa", agregó la autoridad.
A pesar de que el convenio en cuestión fue dejado sin efecto por el GORE Aysén, la Fiscalía Regional lleva adelante una investigación para establecer si hubo o no alguna irregularidad en su gestación.
Ahora será la Corte de Apelaciones de Coyhaique la que defina si acoge o no el recurso de protección de presentación de ProCultura, cuestionada por la cercanía de su director ejecutivo, Alberto Larraín, con el Presidente Gabriel Boric.