El Gobierno se refirió escuetamente y rechazó las bulladas declaraciones que emitió, desde la cárcel de Antofagasta, Daniel Andrade (ex-RD), el representante legal de Democracia Viva que suscribió los convenios irregulares con la Seremi de Vivienda de esa región, quien afirmó que se encuentra bajo "prisión política".
Andrade permanece en prisión preventiva desde la segunda mitad de diciembre, tras haber sido detenido y formalizado por tres delitos de fraude al fisco, uno por cada contrato que firmó con el exseremi Carlos Contreras -también imputado-, que totalizaban 426 millones de pesos.
Desde la cárcel antofagastina, el otrora líder de la ONG investigada rompió el silencio con una declaración publicada -a través de familiares- en sus redes sociales el domingo 31 de diciembre: acusó ser objeto de "prisión política" y de una "injusticia".
Consultada este martes en La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), respondió que "obviamente no compartimos" el concepto utilizado por Andrade.
"Pero tampoco es nuestra intención polemizar con una persona que hoy día está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel. Lo que sí nosotros podemos reiterar e insistir es que la Justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y la Justicia está avanzando, y eso siempre va a ser saludable", puntualizó.
"No es de nuestro interés polemizar en ningún caso, por la prensa, producto de una carta que se emite -insistió-, pero el juicio político del concepto que se utiliza, evidentemente que el Ejecutivo no lo comparte".
FRENTE AMPLIO SE DESMARCA DE ANDRADE
En paralelo, el diario La Segunda preguntó la opinión a diversos parlamentarios del Frente Amplio.
En Revolución Democrática, que expulsó a Andrade tras conocerse el escándalo, declinaron responder el senador y extimonel Juan Ignacio Latorre, el actual presidente de la colectividad, Diego Vela, y la diputada y expareja Catalina Pérez. Quien sí habló fue el diputado independiente Andrés Giordano: "Como alguien con familiares que han enfrentado prisión política en dictadura, no comparto esta autodenominación".
Desde otros partidos del bloque oficialista también rechazaron el calificativo.
"No comparto, es un delito común. La definición de prisión política nunca es de lo más certera, pero en este caso no cabe", comentó la diputada de Convergencia Social y exdirectora del INDH, Lorena Fries; y de la misma bancada, Mercedes Bulnes tampoco dijo compartir "que su formalización pueda ser persecución política", ya que "el aprovechamiento para obtener recursos del Estado no puede ser calificado como delito político".
"No corresponde que se compare con los presos por pensar diferente en la dictadura: está preso por corrupción", agregó el diputado Patricio Rosas, de Comunes.
DIPUTADO REPUBLICANO VE "AMENAZA INACEPTABLE"
En la carta, Andrade también advirtió que "esta injusticia no quedará acá" y "la impotencia, la rabia, la traición serán movilizadoras".
"Las amenazas del señor Andrade son inaceptables y dan cuenta de que el tribunal estaba en lo correcto al dejarlo en prisión preventiva, porque es un evidente peligro para la sociedad", replicó el diputado Juan Irarrázaval, del Partido Republicano, que es querellante en la causa.
A propósito de esa declaración, "yo al menos recordé las palabras del indultado Luis Castillo al salir de la cárcel", apuntó el legislador: el autodenominado "insurrecto" afirmó los primeros días de enero del 2023 que aquellos que comparten su visión "no nos calmamos" y reivindicó el derecho a la "rebelión"; casi un año después, en diciembre, fue enviado a prisión preventiva por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo y robo con violencia.
"Ojalá el señor Andrade canalizara su energía en contar todo lo que sabe, ya que nosotros como querellantes creemos que él es el último eslabón del mecanismo de saqueo institucional que cerebros de este Gobierno instauraron a lo largo de todo Chile. Y el hilo no puede cortarse por lo más delgado", sentenció Irarrázaval.
