La magistrada María Carolina Herrera ordenó la prisión para el exalcalde de Vitacura por considerarlo "un peligro para la seguridad de la sociedad".
Torrealba, dijo la jueza, arriesga el cumplimiento de una pena efectiva, en caso de condena.
La jueza María Carolina Herrera, del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, sostuvo que el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba "socavó" la confianza de las instuticiones democráticas y "perjudicó" la establidad política, tras lo cual decretó su prisión preventiva al considerarlo "un peligro para la seguridad de la sociedad".
La exautoridad, que deberá permanecer preso durante los próximos 150 días, fue formalizado como autor de delitos tributarios, asociación ilícita, fraude al fisco y lavados de activos.
En su deliberación, la magistrada sostuvo que "aun con una eventual plausibilidad de que no prospere la pretensión punitiva del Ministerio Público y querellante, respecto al tipo penal de asociación ilícita y la circunstancia de su irreprochable conducta anterior, dos de los delitos que se le imputan, en carácter de reiterado, tienen como pena mínima la de presidio mayor en su grado mínimo, es decir, pena de crimen, parten en cinco años y un día, unido a las penas de presidio menor en grado medio por los delitos tributarios, en carácter de reiterado que hace elevar las penas. Por lo que en caso de condena el imputado arriesga el cumplimiento de una pena efectiva".
Así, añadió, "desde que la persecución del delito de fraude al fisco y lavado de activos son herramientas penales para reprimir la corrupción y velar por el correcto desempeño de la función pública (...) el imputado afectó entre otros bienes jurídicos la infracción a un deber personal de corrección y probidad que pesa sobre quienes ejercen un cometido de especial relevancia social, como lo es la función pública en que se produce un ataque al patrimonio estatal desde dentro, por quienes tienen el deber de resguardar ese patrimonio".
La jueza Herrera sostuvo que Torrealba "tenía el deber, en su calidad de alcalde, de observar una conducta funcionaria intachable, tener un desempeño honesto y leal de la función o cargo, para lo cual fue elegido por los ciudadanos. No respetó la preeminencia del interés general sobre el particular y muy en especial la afectación de los derechos o de las legítimas expectativas de la ciudadanía (...) con su actuar socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que tanto perjudica la estabilidad política del sistema democrático".
Todo ello, dijo en su resolución, hace "materializar la suficiente necesidad de cautela para considerar, por ahora, que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, ante lo cual se decreta su prisión preventiva".
El jueves, el tribunal dejó con arresto domiciliario nocturno a Antonia Larraín, Arnaldo Cañas, Augusto Silva, Domingo Prieto y José Sepúlveda, imputados por el Ministerio Público como autores de delitos reiterados de fraude al fisco, perpetrados entre 2011 y 2020 en la comuna de Vitacura.
La Fiscalía, en estos dos días de formalización, sostuvo que en la Municipalidad de Vitacura, diferentes mecanismos -inmersos en la obtención de financiamiento, subvenciones e incrementos para las organizaciones comunitarias- posibilitaron que dineros públicos fueran desviados en las cuentas bancarias del entonces alcalde Raúl Torrealba y su cónyuge.
En estos procedimientos -planteó el Ministerio Público- participaron funcionarios municipales, quienes habrían recibido instrucciones para desviar fondos municipales.
Con el fin de justificar esos egresos de dinero, se obtuvo de personas relacionadas -principalmente con los contadores- boletas y facturas ideológicamente falsas, por cuanto no hubo prestación de servicio alguna que justificare la emisión de dichas boletas, agregó la Fiscalía en la formalización.
Además, los imputados habrían desviado fondos públicos, que emanaba de ingresos municipales con ocasión de concesiones y que requerían decreto alcaldicio, como la entrega en comodato al Consejo de Deportes de Vitacura y la piscina Acuavida; la explotación de letreros publicitarios, entre otros, tras lo cual parte de esos ingresos se entregaron mensualmente en dinero efectivo al imputado.
Estas maniobras -efectuadas entre los 2011 y 2021- causaron un perjuicio al patrimonio fiscal que equivalente a más de 750 millones de pesos.
