El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba del Pedregal (ex-RN) quedó en prisión preventiva por determinación del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago tras la segunda jornada de la audiencia de formalización.
Al acusado se le imputaron 29 delitos de fraude al Fisco, junto con delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita, que superan los 761 millones de pesos, debido a un presunto desvío de dineros de programas municipales hacia sus cuentas personales.
La jueza María Carolina Herrera determinó que, en esta etapa procesal, se configuran los presupuestos materiales de los tres primeros tipos penales, que constituyeron"un ataque al patrimonio" del municipio.
No obstante, no estableció lo mismo respecto a la asociación ilícita, pues "no se aprecia que elaboraran en común un proyecto delictivo", planteando que, "más bien, los (demás) imputados (otrora funcionarios de la comuna) ejecutaron operaciones para desviar dineros públicos a las cuentas del alcalde de acuerdo con sus instrucciones", debido a que Torrealba era la máxima autoridad.
Los querellantes del caso solicitaron la medida cautelar en contra del exjefe comunal al considerar que su libertad condiciona el éxito de la investigación, un peligro para la seguridad de la sociedad y también un peligro de fuga.
La defensa de Torrealba apeló a la solicitud argumentando errores y descuidos por parte del Ministerio Público en la investigación, respecto a diligencias presentes en la carpeta investigativa y que, según sostienen, solo se realizaron al "tronco" y no así al resto de los imputados.
La jueza consideró que la libertad de Torrealba "constituyente peligro para la seguridad de la sociedad", por lo que resolvió enviarlo a prisión preventiva, la máxima medida cautelar que deberá cumplir, en principio, en Santiago Uno; no obstante, a petición de la defensa, instruyó a Gendarmería que determine si lo hace en el anexo Capitán Yáber.
"Con su actuar, socavó la confianza pública en sus instituciones democráticas y sus representantes, que perjudica la estabilidad política del sistema democrático", razonó la magistrada Herrera.
El tribunal estableció un plazo de investigación de 150 días, alrededor de cinco meses, pese a que la Fiscalía pedía un año.
En la víspera, el tribunal dejó a Renato Sepúlveda (exdirector de Desarrollo Comunitario de Vitacura), Domingo Prieto (exdirector de los programas Vita), Antonia Larraín (exsubdirectora de Desarrollo Comunitario), y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma mensual y la prohibición de comunicarse entre ellos.
REACCIONES
El fiscal a cargo del caso, Francisco Jacir, valoró que la jueza haya dejado de manifiesto "las consecuencias que generan en la sociedad" los delitos de corrupción imputados, "de alta relevancia social, institucional e incluso para el país en su conjunto".
Comentó, en tanto, que el plazo fijado para la investigación "es inferior al solicitado, dada la cantidad de diligencias pendientes; vamos a intentar tener los resultados de aquellas en ese tiempo, de lo contrario, pediremos la ampliación que corresponda".
Asimismo, el abogado defensor de Torrealba, Francisco Veloso, expresó que "todos los dineros que sostiene el Ministerio Público fueron extraídos de los Vita, realmente fueron imputados al alcalde, pero quedó en evidencia en la audiencia con los argumentos que nosotros entregamos y los mismos antecedentes que están en la carpeta de investigación, que esos dineros no fueron a parar a manos del alcalde y eso es lo que esperamos que finalmente se determine en esta investigación".
"Creemos que va a tener que ser periciado en la investigación y eso mismo sostuvimos, que el Ministerio Público se apresuró a formalizar y debió haber investigado ese aspecto antes de hacerlo", añadió el jurista, que informó que apelarán a la decisión del tribunal.
A través de una declaración pública, Renovación Nacional reiteró su compromiso con "principios fundamentales; a saber, el resguardo de la probidad administrativa; la transparencia en garantía de los derechos de todos los intervinientes y de la confianza pública", así como tambén en la "presunción de inocencia". Finalmente, indicaron que esperan que este proceso "se desarrolle con total normalidad".
"Estamos convencidos que los hechos descritos en la formalización deben investigarse en todas sus aristas y con toda profundidad necesaria; y, de acreditarse la concurrencia de delitos en el juicio, se deben aplicar todas las sanciones que correspondan", concluyeron.
