La causa denuncia un presunto tráfico de influencias en el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier.
El 11 de junio, el INDH dio cuenta de la aprobación en su consejo de la resolución de presentar una querella por eventuales delitos de tráfico de influencias en la designación de María Teresa Letelier como ministra de la Corte Suprema.
Cuarenta y ocho horas después, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió dar curso a la acción penal.
El periodista Rafael Pardo, en su podcast de Las Partes del Todo, nos explica las claves para entender este caso.
El Ministerio Público abrió una causa tras conocerse las conversaciones por Whatsapp del exjuez de la Corte de Santiago y Copiapó, Juan Poblete, actualmente imputado en el caso conocido como Operación Topógrafo.
De esas conversaciones se desprende que Poblete habría intervenido ilegalmente en el nombramiento de la ministra María Teresa Letelier en el máximo tribunal. No hubo consenso, sobre todo por discrepancias en torno a las competencias y facultades del instituto, pero la querella se acordó por mayoría del consejo.
El factor Juan Poblete Méndez es un ex ministro estuvo en la Corte de Apelaciones de Santiago y luego de Copiapó, entre otros cargos, y está formalizado por los delitos de intromisión a la vida privada y falsificación ideológica de documento público.
Estos los perpetró en el marco de un conjunto de escuchas telefónicas ilegales. En este caso, conocido como Operación Topógrafo, está relacionado al espionaje del Ejército a dos funcionarios activos y dos exfuncionarios que habían denunciado irregularidades en la institución.
Poblete Méndez también está involucrado en la Operación W, que surgió en el 2017 cuando la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército solicitó al entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que autorizara la intervención telefónica de una agente extranjera.
Según ellos, esa agente estaba detrás de antecedentes estratégicos sobre el Ejército de Chile. Juan Antonio Poblete lo autorizó, pero el número celular del requerimiento era en realidad el número del periodista Mauricio Weibel, que ya a esas alturas había publicado varias investigaciones sobre hechos de corrupción al interior de esta rama castrense.
Entonces, el teléfono de este exmagistrado fue incautado en abril de 2023, por la investigación de las interceptaciones telefónicas del ejército al periodista Mauricio Weibel y a militares que denunciaron corrupción o abusos en los cuarteles.
Al revisar entonces el equipo de Juan Antonio Poblete, por estos casos, aparecieron sus conversaciones por WhatsApp, por ejemplo, con la magistrada María Teresa Letelier y también con el exministro de Defensa, el RN Mario Desbordes.
Se trata de gestiones para garantizar que María Teresa Letelier llegue a la Suprema, esto en el año 2021. Según estos chats revelados por Ciper, Poblete le pidió ayuda directa al exministro de Defensa, quien le manifestó su apoyo.
Además, una vez en la Suprema, Letelier votó en el fallo que le otorgó a Poblete la libertad hace un año cuando estaba en prisión preventiva.
Desde la oposición acusan una maniobra política en esta imputación contra Desbordes por su candidatura a alcalde por Santiago. Él también adhiere a esa tesis, asegurando que el Instituto está actuando fuera de la ley en un terreno ajeno a sus competencias.
El martes 18 de junio, el exministro de Defensa concretó la presentación de una querella y al día siguiente fue acogida a trámite por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.
La acción es contra los consejeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el presunto delito de prevaricación administrativa.
El argumento del INDH es que está en juego el derecho a la imparcialidad judicial y por eso esta disputa se apega a sus competencias.
Insisten en que su acción legal es contra quienes resulten responsables, no contra Mario Desbordes en específico, ya que se trata de una querella innominada.
Además, han recordado que el tráfico de influencias, que según ellos existen en estas conversaciones por WhatsApp, afectaría dos querellas que presentó el organismo, una en el caso topógrafo y otra en el caso por los concriptos de la marcha en Putri.
Es decir, valiéndose de estos últimos antecedentes, el INDH asegura que en estas dos causas relacionadas a derechos humanos, su ámbito de acción, les corresponde velar por el debido proceso y la independencia e imparcialidad de los jueces.
![[Streaming] Tanques y militares armados intentan un golpe de Estado](/noticias/site/artic/20240626/imag/foto_0000001620240626155734.jpg "[Streaming] Tanques y militares armados intentan un golpe de Estado")
