"Al igual que en el norte, el día mañana parte (a Talca) un equipo del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda a hacer una investigación preliminar", dijo el titular de la cartera.
El exsenador llegó a La Moneda para reunirse con el Presidente Boric tras la visita que realizó a Antofagasta en el marco del caso Democracia Viva.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, llegó la mañana de este jueves a La Moneda para reunirse con el Presidente Gabriel Boric, con el objetivo de rendirle cuentas de la visita que realizó en la víspera a la ciudad nortina de Antofagasta.
Esto, tras el caso de los polémicos convenios que firmó la Secretaría Regional del Minvu (Seremi) con la fundación Democracia Viva, ligada a Revolución Democrática (RD) y que ahora está siendo investigada por el Ministerio Público por tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude al Fisco.
El objetivo del viaje de Montes era entregar al fiscal jefe de Antofagasta antecedentes levantados por sus equipos en torno al caso.
A su arribo en la sede de Gobierno, el secretario de Estado se refirió a la investigación de oficio abierta por la Fiscalía en torno a la Seremi de Vivienda del Maule por ocho traspasos de dinero realizados a fines de 2022, por un total de 577 millones de pesos, a la fundación Urbanismo Social.
Si bien el caso se asemeja a lo ocurrido en Antofagasta con Democracia Viva, la diferencia es que en el Maule no hubo asignación directa de recursos, sino que un proceso de licitación para la contratación de servicios, en el que el seremi Rodrigo Hernández (Revolución Democrática) se abstuvo de participar, pues anteriormente cumplió funciones de abogado en la ONG favorecida: según dijo, su única participación fue firmar el convenio al término del proceos, en virtud de su cargo.
De todos modos, la derecha reforzó su ofesniva y pidió su salida. "Si el Gobierno de verdad quiere avanzar en mínimos gestos de transparencia, lo primero que tiene que hacer es pedirle la renuncia a un seremi que se encuentra cuestionado por haberle otorgado una inmensa cantidad de millones de pesos a una organización de la que él mismo era partícipe hasta pocas semanas antes de asumir su cargo de seremi", dijo el diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), que ayer también advirtió que al ministro Montes "se le está acabando el tiempo".
Sin embargo, el secretario de Estado lo desestimo.
"Él (Hernández) se inhabilitó para participar. Si nosotros viéramos que en los procesos de decisión hubieren y se dieran antecedentes, sería distinto. Hasta el momento simplemente hay una vinculación entre una institución muy reconocida en todo el país, como Urbanismo Social, con un organismo público. Si aparecieran cuestiones inapropiadas, nosotros tendríamos otro criterio", sostuvo Montes ante la prensa.
"Lo que yo les puedo decir es que, al igual que en el norte, el día mañana parte un equipo del Ministerio de la Vivienda, del más alto nivel del Ministerio de la Vivienda, a hacer una investigación preliminar, a reunir toda la información necesaria para ver si hay algo que tenga alguna implicancia" y "a conversar con las distintas autoridades", comunicó el ministro.
Sobre la causa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, comentó que "los fiscales ya están trabajando intensamente en las primeras diligencias, para decretarlas están contando con la colaboración tanto de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional como con la unidad a cargo de prestar apoyo en materia de informe de análisis contable y financiero".
"De momento, los fiscales están remitiendo los antecedentes a la Fiscalía de Antofagasta (que lleva el caso Democracia Viva), pero (anticipar) lo que va a ocurrir en el futuro es todavía muy prematuro considerando el estado base de la investigación", puntualizó.
Consultado sobre la posibilidad de que, como jefe nacional del Ministerio Público, asuma la investigación, respondió: "No es un asunto que corresponda que descarte, hemos recibido algunas solicitudes en ese sentido".
Urbanismo Social, con 14 años de existencia y de labor reconocida por académicos y Premios Nacionales de Arquitectura, también suscribió a fines del año pasado un convenio con el Gobierno Regional del Maule, por 264 millones de pesos, para diseñar y ejectuar el proyecto "Juntos y Juntas nos sentimos más seguros", un plan de seguridad comunitaria que contempla la instalación de cámaras de vigilancia y la recuperación de espacios públicos deteriorados.
