El ministro afirmó que ya están implementadas 11 de las al menos 12 disposiciones ordenadas por el ente fiscalizador, tras el caso Democracia Viva.
Resta que se dicte un nuevo sistema de cálculo para los costos de los proyectos en el Programa de Asentamientos Precarios.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, afirmó que ya han sido implementadas casi la totalidad de las medidas instruidas por la Contraloría General de la República en su informe sobre los contratos entre la Seremi del Minvu de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, que originó el caso convenios.
La investigación el órgano fiscalizador determinó que hubo corrupción y constató la inexistencia de un proceso formal para la selección de las entidades a ejecutar los proyectos del Programa Asentamientos Precarios, que contenga los mecanismos para su elección, tales como una invitación a participar a diversas entidades privadas mediante llamados públicos, indicando las competencias técnicas y requisitos legales requeridos para llevar a cabo las iniciativas.
En ese marco, Montes expuso hoy el estado de avance de ejecución de las medidas ordenadas, y sostuvo que ya fueron adoptadas 11 de las al menos 12 que señaló la Contraloría.
Dentro de éstas se encuentra la relativa a que, el 13 de septiembre, el Minvu dictó un manual de convenios de transferencias entre instituciones sin fines de lucro y las Seremis de Vivienda a lo largo del país para Asentamientos Precarios, que establece requisitos mínimos para participar en el proceso, como la concursabilidad, la experiencia, un plan de acción y que haya boletas de garantía.
En tanto, está pendiente la dictación de un nuevo sistema de cálculo para establecer los costos que implican las iniciativas para el referido programa, lo que debería ocurrir en los próximos días.
Por otro lado, el ministro Montes admitió que el caso Democracia Viva y los demás vinculados a los convenios impactarán en la discusión del Presupuesto en vivienda, área en la que se propone un aumento del 11,9%.
En paralelo, el Ministerio de Justicia solicitó la disolución de ocho fundaciones y 10 corporaciones que, al igual que Democracia Viva, no cumplen con los fines para los que fueron creados.
